La Justicia de Rusia ha impuesto este martes medidas cautelares contra la Fundación Anticorrupción del opositor ruso Alexei Navalni en una serie de medidas que podrían llevar a la inclusión de la entidad en la lista de organizaciones extremistas del país.

"El 27 de abril, el Tribunal de la ciudad de Moscú dictó medidas cautelares en forma de prohibición de ciertas actividades con respecto a las organizaciones sin ánimo de lucro", ha indicado un portavoz en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik. La organización ya había sido catalogada previamente como agente extranjero bajo la legislación rusa. La defensa de Navalni, sin embargo, ha explicado que esa resolución conllevaría la prohibición de interactuar con los medios de comunicación, organizar eventos públicos, usar los servicios bancarios y participar en elecciones.

La decisión se ha producido un día después de que la Justicia ordenara el cierre provisional organizaciones vinculadas a Navalni en respuesta a una denuncia que las cataloga de "extremistas". La Fiscalía de Moscú sostiene que todas las organizaciones citadas "se dedican a crear las premisas para la desestabilización política y social", por lo que deben declararse extremistas. Dicho calificativo haría imposible la labor de estas ONG en Rusia, sus emblemas quedarían proscritos y los activistas, militantes de base y hasta simples donantes se expondrían a sanciones. Además, los medios de comunicación no podrían mencionarlas sin recordar su condición de extremistas.

Actualmente la lista de este tipo de organizaciones incluye más de 80 asociaciones, algunas de ellas religiosas. La Justicia atiende de forma preliminar al criterio de la Fiscalía, que había puesto a las organizaciones en el punto de mira en un momento clave por la creciente movilización de manifestantes en favor de Navalni, las últimas de ellas registradas el miércoles de la semana pasada. El opositor es uno de los símbolos clave contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su popularidad ha crecido a raíz del envenenamiento sufrido en agosto de 2020 y de que fuese encarcelado tras su regreso en enero a Moscú para cumplir una condena por fraude dictada en 2014.

La defensora del pueblo defiende que su vida no corre peligro

Este mismo martes, la Defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, ha defendido que la vida del opositor, que se encuentra en prisión desde hace meses, no corre peligro. Así, ha especificado que "los documentos médicos a los que ha tenido acceso presentan conclusiones sobre una ausencia de peligro" respecto a su salud y su bienestar, tal y como ha recogido la agencia de noticias Interfax. El disidente de 44 años será ahora "monitorizado" diariamente durante un periodo de tiempo desde que dejó la huelga de hambre que inició para protestar contra las condiciones carcelarias.

Navalni ha sido examinado por varios especialistas fuera de la prisión y los resultados son, según Moskalkova, "fiables". Su equipo, sin embargo, ha insistido en que podría morir en cualquier momento en la prisión. El político ruso suspendió la huelga de hambre la semana pasada siguiendo recomendaciones médicas. Su intención era, además, recibir tratamiento médico por un dolor de espalda y síntomas de parestesia en las extremidades. En una llamada de teléfono el lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó a Putin su preocupación por la situación de Navalni. Rusia ha estado rechazando las demandas de la UE y Estados Unidos para que poner en libertad a Navalni.