Derechos de la infancia

Panamá alza la voz por el escándalo de abusos sexuales a menores en centros de acogida públicos

Niñas abusadas por religiosos fueron obligadas luego a abortar

Panamá alza la voz por el escándalo de abusos sexuales a menores en centros de acogida públicos

Panamá alza la voz por el escándalo de abusos sexuales a menores en centros de acogida públicos

MONTSE MARTÍNEZ

Panamá continúa soliviantada. Las protestas en la calle, especialmente de jóvenes, no cesan a pesar de que el escándalo se hizo público hace ya más de dos semanas. Pasan los días y, con ellos, un goteo de detalles abunda en las barbaridades que se cometieron desde 2015 en 14 centros de acogida públicos del país, lugares que, llamados a ser hogares de protección y cuidado para niños vulnerables y huérfanos, se convirtieron en otro epicentro más de abusos y malos tratos. Queremos cárcel ha sido una de las consignas más escuchadas durante los actos de protesta que se suceden día sí, día también.

Abusos sexuales -hay niñas que han denunciado haber sido embarazadas por religiosos y obligadas luego a abortar-, malos tratos físicos y psicológicos, comida para perros destinada a los niños, menores con enfermedades venéreas, jóvenes discapacitados inmovilizados con esposas, medicación caducada, colchones en el suelo y habitaciones sin luz ni ventanas como áreas de castigo. La peor parte se la llevaban los menores discapacitados, invitados a "orar" en lugar de recibir la medicación prescrita para enfermedades como la epilepsia. El informe también constata que menores en situación de riesgo social fueron ubicados en lugares compartidos por personas con algún tipo de drogodependencia.

Es la retahíla de delitos reflejada en un informe que ya está en manos de responsables políticos y de la judicatura. Hay ocho investigaciones abiertas , según la Fiscalía, que, en sus primeras pesquisas, apunta a los profesionales de los albergues como autores de los hechos denunciados. Sin embargo, el ministerio público ha confirmado que ya hay imputados pero no ha dado detalles.

Supervisión del Estado

Panamá cuenta con medio centenar de albergues públicos con capacidad para 1.200 menores. El Estado, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), supervisa y financia a las entidades que los gestionan; desde oenegés hasta fundaciones pasando por organizaciones de corte religiosa, tanto católica como evangélica. La presión por las protestas obligó la semana pasada al presidente del país, Laurentino Cortizo, ha emitir una declaración grabada y transmitida por televisión en la que solicitaba el máximo castigo para los responsables. Una declaración considerada vacía por los manifestantes más beligerantes que acusan al mandatario de "cómplice" por amparar a los altos funcionarios involucrados en el escándalo.

El informe ha sido elaborado por un grupo de diputados de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (AN) de Panamá. Pero mucho antes, quién tiró del hilo fueron dos trabajadoras sociales que perdieron su empleo por poner negro sobre blanco lo que había visto. Chanita Chamarra y María Victoria Pomar, fueron destituidas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), por haber elaborado un informe en el que se denunciaban terribles atrocidades en los albergues del área metropolitana de Panamá. Su trabajo dio pie al informe de la Asamblea Nacional.