La justicia británica ha decidio este lunes no extraditar a Estados Unidos al fundador del portal de información Wikileaks, Julian Assange, alegando problemas mentales. El caso dependía del Tribunal Penal Central de Londres, el Old Bailey, aunque la vista, con la comparecencia de Assange, tuvo lugar en otro tribunal, el Westminster Magistrates Court.
El ciudadano australiano fue detenido en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el gobierno de aquel país le había concedió asilo en 2012. Refugiándose allí, Assange quiso escapar a la orden de busca y captura dictada en su contra por la Interpol, a raíz de unas denuncias por violación en Suecia, una larga investigación que fue finalmente archivada. El cambio de gobierno en Quito supuso la entrega a la policía británica de Assange, que había pasado siete años recluido en la cancillería. El fundador de Wikileaks se encuentra desde entonces detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres a la espera que se decida su posible entrega a Estados Unidos.
Peligroso precedente
En el centro de este polémico caso, con el que se pone a prueba el futuro la independencia periodística y la libertad de expresión, se encuentra una serie de documentos entregados por la exmarine estadounidense Chelsea Manning en 2010, entre ellos, por ejemplo, un video de 39 minutos de un helicóptero Apache del ejército estadounidense disparando y matando a más de una docena de iraquíes, incluidos dos periodistas de Reuters. Alan Rusbridger, exdirector del diario 'The Guardian' considera que la extradición "es un peligroso precedente. Es un ciudadano australiano procesado en el Reino Unido, por violar leyes sobre secretos en Estados Unidos". En una entrevista a la BBC, Rusbridger se peguntó "¿Qué va a pasar la proxima vez que Paquistán o Israel digan que tienen leyes de secretos oficiales" y "no queremos que la gene sepa de nuestras armas nucleares y por tanto tienen que exraditarnos al periodista", que lo ha revelado.
Polémica por la ley de Espionaje de 1917
Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se había utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información.
En una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un experto independiente en derechos humanos de la ONU le pidió al mandatario que perdonara a Assange. "El señor Assange ha sido privado arbitrariamente de su libertad durante los últimos diez años", escribió Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. "Este es un alto precio a pagar por el coraje de publicar información veraz sobre la mala conducta del gobierno en todo el mundo", indicó.
El relator argumentó que Assange nunca había pirateado, robado o publicado información falsa, ni había causado daño a la reputación a través de una mala conducta personal, y señaló que, aunque se esté de acuerdo o en desacuerdo con sus publicaciones, "claramente no pueden considerarse delitos".
La plataforma WikiLeaks pidió a las autoridades de Estados Unidos, la víspera de la sentencia, que retire los cargos contra Assange, que podría ser condenado a hasta 175 años de prisión bajo el concepto 'Medidas Administrativas Especiales', una versión particularmente dura del confinamiento solitario.
