Una docena de candidatos antigubernamentales han sido descalificados para las próximas elecciones parlamentarias en Hong Kong por haber violado la nueva Ley de Seguridad. El listado incluye a las más preeminentes figuras del bando antigubernamental, desde el mediático joven Joshua Wong a parlamentarios en funciones como Alvin Yeung, Dennis Kwok y Kwok Ka-ki.
El Gobierno isleño ha justificado la decisión para asegurar que los comicios se celebren de acuerdo con la Ley Básica (la miniconstitución que rige la excolonia) y otras leyes de una manera honesta, abierta y justa. También ha negado que esté relacionada con la censura política o las restricciones a la libertad.
La medida era temida en las filas opositoras. Wong había anunciado el lunes que se abstendría de volver a pedir a gobiernos occidentales que sancionen a Hong Kong para evitar que su candidatura fuera anulada. Ya en las horas previas a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad había disuelto su formación política Demosisto. El Gobierno, sin embargo, ha concluido que Wong ha seguido planeando la interferencia extranjera y persiguiendo la autodeterminación.
LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA
La oposición confiaba en conseguir una histórica victoria en las elecciones al Legco (Parlamento) previstas para septiembre después de haber arrasado en las municipales del pasado año. Algunos candidatos habían revelado que utilizarían una hipotética mayoría para tumbar cualquier propuesta legislativa, nombramiento o provisión presupuestaria aprobada por el Ejecutivo, lo que habría convertido la excolonia en ingobernable. El fuerte rebrote del coronavirus pone en duda que se puedan celebrar los comicios.
La decisión llega un día después de que cuatro jóvenes, de entre 16 y 21 años, fueran detenidos por defender la independencia, uno de los delitos que incluyó la Ley de Seguridad. Los cuatro jóvenes habían disuelto la organización secesionista Studentlocalism en cuanto se anunció la inminente aprobación de la ley, que contempla penas de entre tres y diez años de cárcel por delitos de secesión.
La primera operación policial coordinada para hacer cumplir la Ley de Seguridad Nacional es un significativo y alarmante momento para el derecho de expresión en la ciudad, expresó Amnistía Internacional. La ley fue aprobada por Pekín tras haber esperado durante 23 años a que lo hiciera el Parlamento local, tal y como prevé la constitución. Esa larga espera, las violentas protestas que devastaron la excolonia el pasado año y las crecientes injerencias extranjeras empujaron a Pekín a saltarse el trámite parlamentario local.
