Irlanda del Norte vive una situación de impasse a la espera de saber si el brexit se lleva a cabo el próximo 31 de octubre, como desea Boris Johnson. El primer ministro británico insiste en su plan a pesar de no haber sometido a votación, el sábado en el Parlamento, el pacto firmado con Bruselas y verse obligado por ley a remitir la petición de una prórroga.

En todo caso, el pacto de Johnson no cuenta con el beneplácito del probritánico Partido Unionista Norirlandés (DUP). Para el DUP, que con sus 10 diputados en Westminster es clave en la estabilidad del Ejecutivo, la propuesta es un plato de difícil digestión. Una aduana que controle el tráfico de las mercancías situada entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido es percibida como una amenaza.

Son numerosos los actores políticos y sociales que no quieren que se reestablezca una frontera entre las dos irlandas. La mayor oposición se encuentra en el bando republicano, proirlandés. Para ellos, la frontera vulneraría los acuerdos de paz de Viernes Santo, firmados en el 1998, y que acabaron con 30 años de conflicto sangriento.

Así pues, Irlanda del Norte se encuentra ante un dilema de difícil resolución. Sea cual sea el desenlace del brexit, una parte de la sociedad norirlandesa se sentirá agraviada.

CONCIENCIA COLECTIVA / El brexit ha supuesto un gran contratiempo para la consolidación del proceso de reconciliación entre católicos y protestantes y ha hecho reflotar a la arena pública rencores sectarios arraigados en lo más profundo de la conciencia colectiva de cada comunidad. El recuerdo de un conflicto que dejó tras de sí más de 3.600 muertos sigue muy presente.

Con la firma de los acuerdos de Viernes Santo se inventó una nueva forma de gobernanza, colegiada, donde es necesario el acuerdo entre unionistas y republicanos para formar gobierno y aprobar las políticas más importantes. Con ello se buscaba el consenso del conjunto de la ciudadanía en un proyecto común.

Pero, desde hace tres años, Irlanda del Norte no tiene gobierno. Tampoco funciona la Asamblea de Stormont, el parlamento local. Un escándalo de corrupción interna y el debate político entorno al brexit han minado el entendimiento necesario para gobernar entre los dos principales partidos políticos, el DUP y el Sinn Féin republicano. El paro administrativo está dañando el proceso de reconciliación en una situación estructural de difícil convivencia social.

Según un estudio de la Universidad de Belfast, en la capital el 90% de los barrios son enclaves exclusivos de protestantes o católicos. La educación sufre la misma segregación; en el conjunto de Irlanda del Norte, el 91% de los niños estudian en una escuela protestante o católica. El único avance es la reducción drástica de la violencia.

Pero pese al desarme de los grupos que operaban durante el conflicto, su estructura organizativa permanece. Las organizaciones paramilitares unionistas ya han anunciado campañas de desobediencia civil en el caso de que Londres «diluya» el estatus de Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea, hecho que perciben como un paso previo a la reunificación de Irlanda. Según Jamie Bryson, destacado líder de opinión entre los sectores unionistas más radicales, «el unionismo estará obligado a hacer todo lo posible para frustrar, y si fuera necesario, demoler cualquier pacto que lleve a una Irlanda unida».

En el lado contrario, grupos disidentes del IRA (Ejército Republicano Irlandés) llevan años con una campaña de atentados de baja intensidad. En este 2019 se han registrado ocho ataques con explosivos o armas, en su mayoría dirigidos contra fuerzas del orden. Si las nuevas aduanas rompieran la continuidad entre ambas irlandas, son pocos los que dudan que dirigirían hacia las instalaciones fronterizas su poder de ataque.