A pesar de que la Unión Europea está sometida a una fuerte presión migratoria desde hace más de una década, los escasos recursos destinados a gestionar la inmigración y la ausencia de una política común impiden a los países comunitarios abordar de forma racional este reto socioeconómico y humanitario, regalan bazas electorales a los partidos de extrema derecha y alimentan la confrontación entre los estados miembros. Los dirigentes europeos siguen enfocando la presión migratoria como si se tratara de un fenómeno puntual, negando su carácter estructural expansivo y pensando que una Europa fortaleza puede mantenerla a raya.

Pese a las sucesivas declaraciones en las cumbres europeas, los gobiernos se muestran incapaces de pactar ni siquiera un mecanismo temporal sobre el desembarco y reparto de los inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo. En la última reunión ministerial sobre esta cuestión en julio, solo ocho estados (Alemania, Francia, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Lituania, Croacia e Irlanda) aceptaron participar en un eventual mecanismo temporal. Los acuerdos con las milicias y los guardacostas libios y el bloqueo a las operaciones de salvamento en el Mediterráneo central han desviado la presión hacia Grecia y España, donde han llegado por mar en lo que va de año 30.755 y 15.798 inmigrantes, respectivamente, según la ONU.

El debate sobre la inmigración en la UE está dominado por una combinación de factores emocionales, cálculos electorales y la subordinación al lenguaje políticamente correcto. Pero se soslayan datos demográficos, socioeconómicos y geopolíticos fundamentales.

Primero, se olvida que la Unión Europea necesita inmigrantes para evitar un declive demográfico, que debilitará su crecimiento económico a medio plazo y su capacidad para defender los intereses europeos. Europa tenía 513,5 millones de habitantes (incluido el Reino Unido) en enero, 1,1 millón más que en el mismo mes del 2018, según Eurostat. Pero sin la inmigración neta, la población europea habría disminuido en el 2018 y en el 2017. Además, entre el 2012 y el 2016, el limitado aumento de la población europea fue en un 80% gracias a la inmigración. La población de los actuales países de la Unión Europea concentraba en 1900 el 20% de la población mundial, actualmente solo representa el 6,7% y en el 2050 bajará al 5,4%.

Segundo, los factores que alimentan la presión migratoria hacia Europa no disminuirán, sino que se incrementarán en el futuro. La población de África se duplicará durante las próximas tres décadas hasta rondar los 2.500 millones en el 2050, unos 1.200 millones de habitantes más que en la actualidad, según las proyecciones de la ONU. La abismal diferencia de nivel de renta entre ambas orillas del Mediterráneo seguirá ejerciendo una enorme atracción migratoria. Por ejemplo, la renta neta per cápita ajustada de Alemania y Francia es cinco, seis o más veces superior a la de numerosos países africanos, según el Banco Mundial.

Además de la falta de perspectivas económicas, también alimentan la inmigración hacia la Unión Europea la represión, la violencia y los conflictos internos en los países de la periferia, pero también más lejanos. En España, por ejemplo, las más de 55.000 peticiones de asilo presentadas en los primeros seis meses de este año proceden fundamentalmente de Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador. El número de desplazados forzados y refugiados a nivel mundial alcanzó a finales del 2018 la cifra histórica récord de 70,8 millones, destaca la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Asimismo, los efectos negativos del cambio climático en regiones frágiles, como el Sahel y el norte de África, acentuarán los flujos migratorios hacia la Unión Europea.

Y tercero, la integración de inmigrantes y refugiados requiere dedicar recursos económicos adecuados. Los países europeos no pueden seguir permitiéndose que los barrios, ciudades y regiones que han visto y ven incrementada su población por inmigración legal o irregular sigan siendo sometidas al mismo tiempo a recortes o insuficiente dotación de fondos públicos en educación, sanidad, vivienda, infraestructuras, protección social y seguridad. El desinterés oficial durante décadas por las zonas donde se concentraba la inmigración ha contribuido a la degradación de áreas urbanas por toda Europa occidental, ha creado guetos y ha dado argumentos a la ultraderecha.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconocía esta semana que son las clases populares las que conviven con la inmigración, mientras que los burgueses no tienen problemas, porque viven en sus ambientes protegidos. Olvidó Macron mencionar a los políticos, la mayoría de los cuales también viven protegidos de las dificultades de sus conciudadanos.