«Austria no se unirá al pacto migratorio de las Naciones Unidas». Con esta escueta frase el canciller austríaco, Sebastian Kurz, asestó ayer un nuevo golpe a la cooperación internacional para responder a las crisis humanitarias provocadas por los flujos migratorios en medio mundo, desde Siria hasta Centroamérica.
Aunque la decisión del Gobierno de conservadores y de la ultraderecha de Viena era la esperada, su confirmación debilita un acuerdo global del que ya se han retirado los Estados Unidos, Hungría y Australia. La ultracatólica Polonia, que anteriormente ha chocado con Bruselas por su negativa a asumir una cuota de acogida de refugiados, también está estudiando dar el mismo paso.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular fue negociado durante dos años por los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a excepción de Washington y fue sellado este pasado julio. En él se acordaron hasta 23 objetivos destinados a hacer la migración más segura como evitar la separación de familias, combatir la trata de personas, reconocer el derecho de los migrantes irregulares a acceder a los sistemas de salud y educación de su país de acogida y usar la detención siempre como última opción.
Para Viena estos objetivos amenazan con crear «nuevos derechos para los migrantes» que el Ejecutivo no acepta bajo ninguna circunstancia. El documento elaborado por el Consejo de Ministros austríaco asegura que la admisión de migrantes recae únicamente «en la soberanía de la República» y remarca que el derecho humano a la migración «es ajeno al sistema jurídico austríaco». Por esas razones, el Gobierno austríaco no asistirá a la ceremonia de signatura de Marraquech del 10 y 11 de diciembre donde debía implementarse ese acuerdo internacional y se abstendrá de votar a favor en la Asamblea General de la ONU del próximo año. Así, mientras el documento de la ONU ve la migración como una «fuente de prosperidad e innovación» ese punto de vista es difícilmente extensible a un Gobierno que Kurz comparte con el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), una formación ultraderechista fuertemente vinculada a los grupúsculos más radicales del país. No sin razón, su líder y vicecanciller, Heinz-Christian Strache, tiene un historial manchado por su participación en la escena neonazi.
PACTO NO VINCULANTE / Considerado como un primer gesto de cooperación entre naciones para gestionar los flujos migratorios a escala internacional, el acuerdo ya nació tocado de muerte al no ser vinculante jurídicamente. Así, los países que lo ratificaron no están obligados legalmente a cumplir con lo acordado, lo que abre la puerta a que más allá de su contenido político las 34 páginas de este documento sean papel mojado.
La migración es un tema muy rentable en Austria. Tras actuar como país de tránsito para los cientos de miles de personas que se dirigían a Alemania o el norte del continente, la república transalpina terminó recibiendo muchas menos solicitudes de asilo. En 2017 aceptó 56.285 casos.
DEPORTACIONES / La creciente preocupación ciudadana y la explotación de ese miedo llevó a Kurz y a Strache al poder y desde entonces han acelerado las deportaciones, restringiendo los beneficios sociales y defendiendo que aquellos rescatados en el Mediterráneo no deben ser llevados a suelo europeo. Los socialdemócratas austríacos (SPÖ), en la oposición, no tardaron en criticar una decisión del Gobierno que, aseguran, daña la reputación internacional del país y han recordado que durante la anterior legislatura Kurz, quien entonces era ministro de Exteriores, apoyó ese pacto migratorio que ahora pretende dinamitar.
