Los emigrantes hondureños que se dirigen a EEUU en la caravana de Pijijiapan, en el estado de Chiapas, pintan un panorama desolador de Honduras. Pobreza. Violencia. Las maras que tratan de vampirizar a los adolescentes e incluso a los niños. Corrupción policial pero también política. Uno tras otro mencionan a Juan Orlando Hernández, desde hace algo menos de un año presidente de Honduras, como el hombre que ha hecho insostenible una situación que ya era difícil. Los migrantes le vinculan con el narcotráfico. «Nos están matando. De violencia. De hambre. No hay empleo», explica Juan, un hombre que ha dejado atrás a una hija de 4 años, enferma desde que nació y para la que no consigue medicinas. Pero su denuncia va más allá. «El Gobierno manda a las pandillas a que nos maten. Y la policía manda a las maras a cobrar extorsiones a los negocios, que luego ellos dan a la policía y la policía al Gobierno». El relato es casi idéntico al de Álex, un hombre de 30 años que pide que no se use su apellido ni se le retrate, porque asegura que las maras le tienen señalado desde que se negó a pagar las extorsiones en su pequeño negocio. «Tenemos ocho organizaciones policiales, las sostenemos con nuevos impuestos, y la violencia no deja de crecer. Vivimos en el gobierno de un dictador», continúa. Dirian Fuentes, otra hondureña de 26 años que está en la caravana con sus tres hijos de 9, 8 y 4 años, explica: «Nos vamos porque tenemos que irnos. Las maras gobiernan en Honduras. Uno no puede denunciar porque la Policía y la política son una corrupción completa».
«Dicen que vamos pagados pero es totalmente falso», dice Juan. «Si nuestro país fuera diferente ni necesidad tuviéramos de molestar a otro país. Estamos dispuestos a morir en la frontera. No estamos dispuestos a regresar. Si lo hacemos será una guerra civil. Estamos cansados. Ya no podemos más». Se habla de una caravana. Posiblemente sería más apropiado hablar de un éxodo.
