El 22 de agosto del 2010 se escribió uno de los capítulos más sangrientos en México: 72 migrantes - 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría centroamericanos- fueron asesinados a bocajarro no sin antes ser torturados. Y a pesar del tiempo transcurrido, el caso conocido como la ‘matanza de San Fernando’ (distrito del estado de Tamaulipas), sigue siendo una herida abierta para los deudos.

Ante este hecho, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, instó a México a "intensificar esfuerzos" para esclarecer este hecho.

"A ocho años de los hechos de San Fernando, los familiares siguen buscando la verdad de lo ocurrido, justicia y reparación", afirmó la institución en un comunicado difundido el jueves.

Por eso pidió a las autoridades mexicanas trabajar por "la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas".

Durante estos años, valoró ONU-DH, la investigación ha registrado "irregularidades" respecto a la identificación y entrega de los cuerpos hallados.

Además, ha habido una falta de coordinación entre México y los países centroamericanos y sudamericanos de donde procedían las víctimas, así como "dificultades para acceder a las copias de los expedientes y conocer el avance de las investigaciones".

Comisión forense

Aun así, Jarab señaló que "ha habido esfuerzos del Estado mexicano y avances en la identificación de los migrantes desaparecidos", gracias a los importantes aportes realizados por la sociedad civil y los familiares de las víctimas.

Esto ha dado como resultado la creación de la Comisión Forense, la Unidad de Migrantes de la Procuraduría General de la República y el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes, agregó.

De acuerdo con ONU-DH, el caso de la matanza de San Fernando pone de relieve las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, al igual que otras tragedias como el homicidio de 49 migrantes en 2012 en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

"Se necesita el desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México y el reforzamiento de las políticas de apoyo que los países de origen puedan brindar a sus connacionales", resaltó Jarab.