Emmanuel Macron ha aprovechado la remodelación gubernamental que tradicionalmente sigue a las legislativas para prescindir de los ministros con problemas judiciales, cuya potencial imputación podría empañar la ley de moralización de la vida pública, una de las más emblemáticas del presidente francés.

Richard Ferrand, titular de Cohesión Territorial, dejará su puesto en el Ejecutivo para presidir el nutrido grupo parlamentario de La Republica en Marcha en la Asamblea Nacional, y la ministra de Defensa, Sylvie Goulard, pidió ayer al presidente no formar parte del nuevo Gobierno que el primer ministro, Edouard Philippe, debe configurar hoy.

Los dos están en el punto de mira de la justicia. El primero, por un supuesto tráfico de influencias y nepotismo en la operación inmobiliaria que firmó siendo presidente de las Mutuas de Bretaña. La segunda, por sospechas de que su formación, el centrista Movimiento Demócrata (MoDem), pagó a personal del partido como asistentes parlamentarios de sus eurodiputados.

Pero desde el punto de vista político, la situación de Ferrand y Goulard es diferente, porque Ferrand es un hombre de confianza de Macron a quien el presidente debe la construcción del engranaje de La República en Marcha que le ha llevado al Elíseo.

SOLUCIÓN PARA FERRAND / La aparición del escándalo de la operación inmobiliaria en Bretaña, desvelado a fines de mayo por el semanario Le Canard Enchainé, fue un tropiezo inesperado, pero Macron optó por aguantar el golpe y mantener al ministro hasta después de las elecciones legislativas. En los comicios, los electores no han castigado las prácticas poco ortodoxas de Ferrand, reelegido diputado en su circunscripción de Finisterre, pero en la formación del presidente muchos criticaban la doble vara de medir del ministro, durísimo con François Fillon cuando el candidato conservador se agarró al puesto a pesar de estar imputado en el caso de los supuestos empleos ficticios de su mujer e hijos.

Al apartarle del Gobierno y encargarle la presidencia del grupo parlamentario, Macron mata dos pájaros de un tiro: evita una crisis gubernamental si llegara la imputación y coloca a un político aguerrido en un puesto menos visible pero igualmente clave teniendo en cuenta el porcentaje de candidatos de La República en Marcha sin experiencia que ocuparán el hemiciclo.

BAYROU, BAJO PRESIÓN / En el caso de la ministra de Defensa, Sylvie Goulard, el mensaje que envía el presidente es otro. Es un aviso dirigido al ministro de Justicia, François Bayrou, que en las últimas semanas ha desafiado la disciplina gubernamental y ha tenido algunas salidas de tono que obligaron al primer ministro, Edouard Philippe, a llamarle al orden, con poco éxito por cierto.

Goulard es miembro del MoDem, el partido centrista liderado por Bayrou que en febrero selló una alianza electoral con Macron que fue determinante para la victoria de este último. Fue Bayrou quien impuso como condición a ese pacto incluir en el programa de Gobierno una ley para regenerar la vida pública. Y es Bayrou el encargado de convertirla en ley desde el Ministerio de Justicia. Sin embargo, al telefonear a Radio France para quejarse por la investigación periodística sobre los contratos de los trabajadores de su partido, el ministro pecó de parcialidad.

La ministra de Defensa justificó el lunes su dimisión para poder demostrar su «buena fe» en el supuesto de que la investigación preliminar que concierne al MoDem condujera a verificar las condiciones laborales de sus asistentes en el Parlamento Europeo. «Quiero estar en condiciones de demostrar libremente mi buena fe y todo el trabajo que he realizado», dice Goulard en una nota.

Al conocer la noticia, Bayrou declaró a Le Monde que se trata de una decisión «estrictamente personal» de la ministra, dando a entender que excluye imitarla. En todo caso, una operación que se había anunciado como un mero ajuste técnico en el Gabinete para dar cabida a nuevos secretarios de Estado se está convirtiendo en una remodelación de alto contenido político.