El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pisa el acelerador para convertir en realidades promesas que fueron eje central (y especialmente controvertido) de su campaña. Planteamientos como la construcción del llamado «muro» con México, la deportación de gente sin documentos, el freno a los refugiados o el veto a los musulmanes le granjearon el apoyo de millones de estadounidenses, entregados a su apocalíptica visión y a su respuesta de «América primero». A la vez, provocaron alarma entre muchos activistas por los derechos humanos. Ahora que dejan de ser promesas unos intensifican el aplauso y otros, la denuncia.
Ayer, después de haber usado en los primeros cinco días el poder de su cargo para iniciar la embestida contra la reforma sanitaria, desmantelar el acuerdo de libre comercio con Asia, reactivar dos polémicos proyectos de oleoductos, congelar contrataciones y sueldos de funcionarios y retirar fondos federales a organizaciones internacionales de ayuda humanitaria que vincula al aborto, llegó la hora de la seguridad nacional. Y en un acto en el Departamento de Seguridad Nacional, Trump estampó su firma en dos órdenes ejecutivas centradas en la inmigración.
LAS ÓRDENES DEL DÍA / Una de esas órdenes redirige apropiaciones del presupuesto federal para pagar la construcción «inmediata» de «un muro físico y contiguo u otra barrera física similar infranqueable, segura y contigua» entre EEUU y México. Y en una entrevista con la cadena ABC antes de la firma, Trump insistió en que «la planificación comenzará inmediatamente» y la construcción «en los próximos meses». Además, insistió en que México «reembolsará» los costes, que inicialmente tendrán que financiar los contribuyentes estadounidenses. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que se reunirá en Washington con Trump la semana que viene, ha insistido repetidamente en que no se harán cargo de esa construcción.
La orden ejecutiva de Trump da prioridad a la «persecución y deportación de inmigrantes ilegales que han violado nuestras leyes», según explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y buscará aumentar las detenciones en la frontera. Asimismo, solicita que se contraten 5.000 nuevos agentes fronterizos.
La segunda de las órdenes está titulada «mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos» y, según Spicer, va a reforzar a las agencias federales en la lucha contra la inmigración ilegal. «Van a aplicarse las leyes sin contemplaciones», dijo el portavoz. La orden incluye castigos a las llamadas «ciudades santuario», cerca de 200 localidades entre las que se cuentan Nueva York, San Francisco y Chicago, donde las autoridades limitan la cooperación con las agencias de inmigración federal y a las que ahora el presidente amenaza con quitar financiación. Además, solicita que se contraten 10.000 agentes de inmigración y establece la creación de una oficina para víctimas y familiares de víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes sin papeles.
El impulso a las políticas restrictivas de inmigración es ampliamente considerado en la Casa Blanca como un triunfo del ala populista del círculo más cercano de Trump. Y fue la confirmación del «gran día planeado en seguridad nacional» que el martes por la noche el propio Trump había anunciado usando Twitter.
Pero es solo el primer paso. Según adelantaron fuentes de su Administración, hoy y mañana Trump proseguirá el empeño con más acciones ejecutivas que incluyen, entre otras medidas, algunas que afectan a refugiados e inmigrantes de países musulmanes. Aunque de momento no se conoce la redacción exacta de esas órdenes ejecutivas, distintos medios han tenido acceso a los borradores. Y a través de ellos y de declaraciones de personas implicadas en su redacción se sabe que una de las opciones que está estudiando Trump es dejar en suspenso cuatro meses todo el programa de refugiados (aunque es probable que haya una excepción para quienes huyen de persecución religiosa). Barack Obama marcó en 110.000 el número de refugiados que EEUU debía acoger en este año, de los que ya han llegado 25.000.
Trump está considerando también lo que bien puede verse como el primer paso de su propuesto veto a la entrada de musulmanes en EEUU. Una de las medidas que baraja es prohibir durante 30 días la emisión de todos los visados que necesitan para entrar en EEUU ciudadanos de Siria y también de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Lo que Spicer negó es que haya sido redactado por la Casa Blanca el borrador de otra orden ejecutiva que circuló ayer y del que, en cualquier caso, hablaron con los medios fuentes de la Administración. Es un documento polémico, pues plantea la reinstauración del polémico (y dudosamente legal) programa de cárceles secretas de la CIA fuera de EEUU.
En el borrador sobre el que informó AP se incluye, textualmente, la frase de que «ninguna persona en custodia de EEUU debe en ningún momento ser sometida a tortura o tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, como marca la ley estadounidense».
