El terrorismo islámico se usa como coartada para recortar los derechos y libertades, explotando la inseguridad creada tras cada atentado. El espionaje electrónico masivo, el libre acceso de las autoridades a la vida privada de los ciudadanos y las leyes especiales que suspenden derechos y garantías constitucionales se han convertido en la nueva normalidad orwelliana sin que haya servido para detener los ataques yihadistas en Europa.
En el caso de Francia, el estado de emergencia se transforma en permanente y su legislación sobre información del 2015 permite a los cuerpos de seguridad el espionaje electrónico masivo, efectuar escuchas telefónicas y piratear correos y ordenadores sin orden judicial. La ley confiere a los cuerpos de seguridad «unos poderes excesivamente amplios de vigilancia muy intrusiva, sobre la base de objetivos vastos y poco definidos, sin la autorización previa de un juez y sin un mecanismo de control adecuado e independiente»» criticó infructuosamente el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Otros ejemplos en países europeos: las leyes antiterroristas en Gran Bretaña permiten mantener detenida a una persona sin cargos durante 14 días, la ley de seguridad ciudadana en España (ley mordaza) es el mayor recorte de libertades desde la transición y las nuevas leyes antiterroristas y de vigilancia de Alemania del 2015 y el 2016 permitirán el espionaje de conversaciones y la grabación de vídeos en viviendas sin que sea necesaria una autorización judicial.
LA ‘PATRIOT ACT’ de bush / El retroceso democrático que supone este tipo de legislación fue inaugurado por la Administración norteamericana de George Bush con la Patriot Act del 2001, que repercutió de inmediato en los europeos a través del almacenamiento de sus datos personales como pasajeros aéreos y del espionaje de Estados Unidos a sus transferencias bancarias.
La Unión Europea (UE) firmó en el 2004 un pacto con Estados Unidos para que pudiera obtener de las aerolíneas todos los datos personales de los europeos que volaban al país, pese a que vulneraba la ley europea. El controvertido acuerdo fue renovado en el 2007 y el 2011, pese a que una nota del servicio jurídico de la Comisión Europea indicó que no era compatible con el derecho europeo.
TRANSFERENCIAS BANCARIAS / La UE descubrió en el 2006 que EEUU llevaba varios años espiando las transferencias bancarias de los europeos, que se realizan a través de la red informática mundial Swift. En lugar de ponerle fin, la UE negoció otro acuerdo para que Estados Unidos siguiera teniendo libre acceso a esos datos, pese a que también vulnera la ley europea. Las filtraciones de Edward Snowden revelaron que las salvaguardas introducidas no eran respetadas por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). La UE asegura que ese espionaje ha permitido detener varios atentados sin facilitar datos concretos que lo confirmen.
La directiva europea de retención de datos personales de las telecomunicaciones fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE en el 2014, porque es una «injerencia muy grave y desproporcionada» en los derechos fundamentales. El Tribunal destacó que esos datos retenidos en su conjunto pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas, sus hábitos cotidianos, sus desplazamientos, sus actividades y sus relaciones sociales. Pese a la demoledora sentencia, las leyes nacionales promulgadas en base a esa directiva siguen en vigor, porque la Comisión Europea se negó a pedir que se suspendiera su aplicación.
PASAJEROS AÉREOS / Tras los atentados de París y Bruselas, la UE aprobó crear su propia base de datos de los pasajeros aéreos. La Comisión Europea y los gobiernos presentaron la ley como esencial para combatir el terrorismo, silenciando que los responsables de los atentados se desplazaban en coche y no en avión por Europa y que los yihadistas que vuelven de Siria priman las rutas terrestres.
La avalancha de datos sobre todos los ciudadanos impide detectar los datos significativos sobre el comportamiento de extremistas islámicos ya convictos, radicalizados conocidos o potenciales yihadistas, como ha ocurrido en Francia y Bélgica. El intercambio de datos entre los servicios de seguridad de los países europeos sigue siendo limitado e incluso es deficiente entre diferentes cuerpos de seguridad de un mismo estado, como en Bélgica y Francia. Y los gobiernos europeos siguen dejando que Arabia Saudí, Catar y los países del Golfo financien con miles de millones la proliferación de enclaves islamistas dentro de la UE, desde donde se promueve el rechazo militante de la democracia y los valores esenciales europeos, definidos como impíos y absolutamente contrarios al islam.
