Polonia se adentra en una senda autoritaria siguiendo los pasos de la Hungría del primer ministro Viktor Orbán. Las decisiones, proyectos y declaraciones de los dirigentes del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) en los dos meses transcurridos desde que logró la mayoría absoluta en las elecciones del 25 de octubre han confirmado los peores temores que despertó su retorno al poder.
Por primera vez desde el restablecimiento de la democracia en Polonia, un único partido controla de forma absoluta el poder ejecutivo (Gobierno y Presidencia de la República) y el legislativo (Cámara de Diputados y Senado) y ahora intenta extender ese control al poder judicial, los medios de comunicación y las instituciones del país.
La reforma exprés del Tribunal Constitucional aprobada esta semana por la Cámara de Diputados y el Senado para asegurar el control del partido sobre la institución y sus decisiones es el primer paso del nuevo Gobierno en su declarado objetivo "de remodelar Polonia" a la medida de los planteamientos ultraconservadores y nacionalistas del PiS. El líder del partido, Jaroslaw Kaczinski, que mueve los hilos del poder sin detentar ningún cargo público, ha calificado de "traidores a la patria" a quienes critican las decisiones gubernamentales.
ADVERTENCIAS DE LA UE La deriva autoritaria del Gobierno polaco, que preside Beata Szydlo, ha abierto un nuevo frente en una Unión Europea (UE) desbordada por las crisis sin resolver. Desde las instituciones europeas se han formulado ya las primeras advertencias. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha calificado el comportamiento del PiS de "golpe de Estado", la Comisión Europea ha enviado una carta a Varsovia pidiendo retrasar la aplicación de la reforma hasta verificar que respeta los principios democráticos y el ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués que asume la gestión semestral de la Unión Europea, Jean Asselborn, ha reclamado a Polonia que no siga por la senda autoritaria.
El Gobierno polaco ha acogido con desafío esas advertencias, alentada por el ejemplo de Hungría, aunque anunció la semana pasada que había pedido la opinión del Consejo de Europa sobre la polémica reforma. Orbán ha aplicado su programa autoritario sin graves obstáculos y con meros maquillajes para contentar a la Comisión Europea, aprovechándose de la impunidad que le confiere la pertenencia de su coalición Fidesz al Partido Popular Europeo (PPE), la fuerza política que domina las instituciones de la UE y la mayoría de gobiernos europeos.
La reforma del Tribunal Constitucional polaco suprime la referencia a la independencia política de la institución, exige que las sentencias estén respaldadas por una mayoría cualificada de dos tercios en lugar de la mayoría simple actual y establece que las decisiones deben adoptarse con la presencia mínima de 13 de los 15 jueces de la institución para impedir que pueda adoptarse cualquier decisión sin los cinco nuevos miembros nombrados de urgencia por el PiS. La reforma alarga a seis meses el plazo mínimo antes de que el tribunal pueda pronunciarse sobre un tema, frente a las dos semanas actuales, y obliga a la institución a resolver casos por orden cronológico para evitar que pueda cuestionar con eficacia las decisiones que planea el Gobierno.
REFORMAS POLEMICAS La reforma del Constitucional ha venido precedida de una serie de medidas reveladoras, como los proyectos legislativos para limitar la inmunidad del Defensor del Pueblo y del presidente del Tribunal de Cuentas de Polonia; los pla-
