El Gobierno español ha narrado las negociaciones que ha tenido en Bruselas para repartir los 40.000 refugiados llegados a las costas italianas y griegas como si se tratara de un fenómeno de inmigración masiva y no de refugiados, personas que huyen de países en conflicto como Eritrea, Siria e Irak. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado que España solo se haya comprometido a acoger a 1.300 de ellos (en vez de los 4.300 que le pedía la Comisión Europea) porque considera necesario evitar un posible "efecto llamada".

Las oenegés y los organismos internacionales, entre ellos la ONU, desmienten ese análisis y denuncian que más de la mitad de las personas que se deciden a arriesgar su vida y cruzar el Mediterráneo están tratando de escapar de la persecución política o la guerra, aunque en su intento de huir echen mano de redes ilegales.

Fernández Díaz, que ha sido el encargado de representar a España en las conversaciones con el resto de socios ya que el debate se ha llevado a cabo entre los ministros del Interior europeos, rechaza cualquier crítica a la racanería española porque ningún país "puede dar lecciones de responsabilidad y solidaridad a España" en materia de inmigración, ya que cada día hace un esfuerzo ingente como frontera.

Toda la oposición está en contra de la escasa ayuda que ha acordado el Ejecutivo de Mariano Rajoy y esta semana ha intentado, sin éxito, que el Gobierno explicara la pequeña cuota de refugiados en una comparecencia urgente en la comisión de Interior.

Las oenegés consideran "decepcionante" e "insuficiente" que España vaya a acoger a menos de la mitad de las personas que le había propuesto la Comisión.