La Administración local griega ha reaccionado con indignación ante el decreto que fuerza a las instituciones públicas a transferir sus fondos al Banco de Grecia. El Gobierno heleno pretende hacer frente a sus próximas obligaciones de pago con esta medida, interpretada por sus detractores como un signo de pánico ante una bancarrota inminente. A principios de mayo vence el plazo para la devolución de otro crédito al Fondo Monetario Internacional por valor de 747 millones de euros, mientras que las arcas públicas deben hacer frente a un gasto doméstico de unos 1.000 millones mensuales.

Tras una reunión de emergencia, la Unión General de Municipios acordó ayer acudir al Consejo de Estado para paralizar el decreto y amenazó con movilizaciones si no se retira. Varios alcaldes --entre ellos el de Atenas-- se negaron en redondo a transferir los fondos, calificando la medida de "anticonstitucional" por violar la autonomía local. El dinero de los municipios, señalaron, es necesario para pagar a proveedores y hacer frente otras obligaciones y su falta comprometería el funcionamiento de servicios básicos.

En la misma línea se expresó la Unión de Prefecturas. Con la transferencia "se detienen todas las obras en curso, y se condena a la Administración a una suspensión de pagos", aseveró el prefecto de Grecia Continental, Kostas Bakogiannis. Su partido, el conservador Nueva Democracia, suscribió en un comunicado este mismo punto de vista. La formación gobernante Syriza está en franca desventaja en la escena política local y regional, al controlar solo una de 13 prefecturas. Aunque la mayoría de las alcaldías son independientes, las de Nueva Democracia multiplican por seis a las de la formación de izquierdas.

OTROS PAISES Tras reunirse con los representantes municipales, el ministro de Finanzas, Dimitris Mardas, aseguró que todas las instituciones recibirán los fondos asignados, aunque una parte del dinero "se transferirá al futuro". Medidas similares, recalcó, existen en Holanda, Portugal o Inglaterra.

El ministro de Trabajo también salió al paso a las críticas, al afirmar que este tipo de decretos están previstos en la Constitución para "situaciones de emergencia". "No es dinero para las necesidades diarias, como sueldos, pensiones o políticas sociales, sino que está en los bancos en cuentas corrientes o en depósitos con intereses del 0,6% al 2%", explicó. Al prestar este dinero al Estado, los intereses se situarían entre el 2,5% y el 2,7%. Con esta operación, a un plazo de dos meses, las arcas públicas obtendrían entre 2.000 y 2.500 millones de euros.

Este tipo de préstamos ya han sido empleados por el Gobierno griego en los últimos meses, aunque con carácter voluntario. El nuevo decreto, que será validado hoy en el Parlamento, excluye a los fondos de pensiones y a los organismos con obligaciones de pago urgentes.