Venezuela es un país partido en dos. Un rincón de Latinoamérica que ha perdido sus colores para convertirse en un paisaje en blanco y negro en el que la escala de grises no tiene cabida. Tras 16 años desde el inicio de la revolución bolivariana, la inseguridad, el miedo, la escasez y el pesimismo se han adueñado de una población que, en su mayor parte, ha aprendido a reservar sus opiniones políticas ante desconocidos para evitar posibles problemas y represalias.
Sin embargo, una voz de disidencia, como una explosión de rabia contenida, ha dicho basta. "Vivimos en un país en el que ser estudiante es un delito. He sufrido amenazas, palizas y recibido un disparo de bala en la pierna", son las palabras de hartazgo de Jorge Arellano, principal líder de los movimientos estudiantiles de la Universidad de los Andes (ULA). Los mismos que hace exactamente un año pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Nicolás Maduro iniciando un periodo de protestas que acabó con 43 muertos, 878 heridos, 3.351 detenidos y 27 arrestados en espera de juicio, según Amnistía Internacional.
EL ASESINATO DE KLUIBERTH Apoyado sobre su moto de fabricación china, el joven no parece, ni de lejos, uno de los agentes financiados por el imperialismo norteamericano o guarimberos a los que repetitivamente acusa de matar policías el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, desde su programa televisivo. Desde hace semanas coordina las protestas estudiantiles en el campus de la ULA en San Cristóbal, en respuesta al asesinato por parte de la Policía Nacional Bolivariana del adolescente de 14 años Kluiberth Roa, el 24 de febrero.
"Un centenar de compañeros han arriesgado sus vidas 15 días resistiendo dentro del recinto para mantenerlo libre de los colectivos ", aclara sobre la acción de los grupos parapoliciales o colectivos que, según él, trabajan bajo el mando de los gobernadores de los estados de Mérida y Táchira, Alexis Ramírez y José Vielma Mora, pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "Estos delincuentes armados por el Estado irrumpen en la facultad y agreden a profesores y alumnos con total impunidad", dice.
IMPACTO A los disparos de los colectivos se suman los efectos del impacto de la metra , es decir, canicas, rodamientos, piedras o tuercas con los que los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana disuelven las protestas. A diferencia de una bala, "con la metra nunca se sabe qué cañón la disparó", explica. Las fotos de brazos y piernas de estudiantes cercenados por la metra inundan su móvil. El recuerdo de sus compañeros caídos le emociona. Como explica, los colectivos son además encargados de eliminar a los estudiantes más molestos.
El 18 de febrero pasado aparecían en una cuneta, maniatados y con un disparo de bala en la cabeza, los cuerpos de los estudiantes de la Universidad de los Andes de Mérida Alejando García y José Frías, de 20 y 22 años. Dos nuevos casos de ejecuciones que se suman a una larga lista de atrocidades. "En el estado de Carabobo un compañero detenido relató a su madre haber sido violado con un fusil kalashnikov del Ejército. No creo que una madre pueda inventarse eso", relata el líder estudiantil, que todavía tiene seis amigos retenidos en la llamada cárcel de La Tumba, a 15 metros bajo tierra en el sótano del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
La mayor universidad del país se ha convertido en el foco de las iras del chavismo. "La ULA es una universidad combativa que ya luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Esto no gusta al Gobierno", asegura el secretario general de la ULA, el español José María Andrés Alvarez. "Las protestas pacíficas en la ULA han degenerado en violencia debido a las provocaciones lanzadas por las fuerzas del orden público, que llegan a agredir e insultar o infiltrar agentes para caldear el ambiente", confirma este profesor, que no se explica por qué sus estudiantes son reprimidos "como si se tratase de una guerra".
RESOLUCION 8610 El Gobierno de Maduro sabe que los estudiantes no se resignan a callar. La aprobación el 25 de enero pasado de la resolución 8610 que autoriza "el uso de la fuerza potencialmente mortal" en manifestaciones es la prueba de su determinación por aplastar las protestas caiga quien caiga. Aun así, Arellano no se amilana: "Saldremos a la calle a miles para explicarle a la gente que la universidad está siendo asediada y que existe una resolución que está asesinando a las personas en Venezuela".
