El Gobierno de Ucrania relanzó ayer la operación de seguridad para expulsar a los grupos armados prorrusos de las sedes que habían ocupado en los días precedentes, al tiempo que aseguró que contaba para ello con el visto bueno de la Administración estadounidense.
"Las fuerzas de seguridad están trabajando para la liquidación de los grupos armados ilegales" en el este de Ucrania, aseguró el primer viceprimer ministro, Vitaly Yarema. "Las actividades necesarias (para la expulsión de los prorrusos) serán llevadas a cabo en un futuro, y verán ustedes los resultados", insistió.
EL GOBIERNO, RESPALDADO El Gobierno de Kiev, que se hizo con el poder después de que el presidente Víktor Yanúkovich, apoyado por Moscú, hubiera tenido que huir de la capital, aseguró ayer sentirse respaldado en sus acciones para retomar el control de las regiones de Ucrania del este tras la visita del vicepresidente estadounidense, Joe Biden.
"Hemos obtenido el apoyo de EEUU, y la garantía de que no nos dejará solos ante el agresor; esperamos que en el caso de que haya una agresión rusa, esta ayuda sea mucho más sustantiva", afirmó Yarema.
Desde Moscú, la perspectiva de la crisis ucraniana es muy diferente. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, sergei Lavrov, advirtió ayer que Moscú respondería si sus intereses, o los intereses de los ciudadanos rusos, eran puestos en entredicho. "Cuando se ataca a ciudadanos rusos, se está atacando a la Federación Rusa", declaró el responsable ruso, en una entrevista con el canal de televisión Russia Today.
Lavrov sostiene que Moscú carece de influencia sobre las milicias prorrusas en Ucrania del este, y acusó a Washington de teledirigir la respuesta del Gobierno de Kiev a la crisis. El monopolio ruso del gas Gazprom advirtió que cortaría los envíos de gas si Kiev no pagaba sus deudas pendientes.
