La saludable cota de popularidad del primer ministro francés, Manuel Valls, difícilmente saldrá indemne de la cura de austeridad que anunció ayer personalmente. Congelación de las pensiones, las prestaciones sociales y los sueldos de los funcionarios hasta octubre del 2015, son las principales medidas adoptadas para cumplir con la reducción del déficit al 3% del PIB después de que Bruselas rechazara a París toda renegociación para prolongar los plazos.

Poco acostumbrados a recortes drásticos, los franceses despertaron ayer brutalmente de la ensoñación. Desde el inicio de la crisis, en el 2008, pese al galopante déficit del país, tanto el Gobierno de Nicolas Sarkozy como el de su sucesor François Hollande han postergado este tipo de recortes a la espera de una recuperación de la economía que evitara tomar decisiones tan impopulares. Por un lado, para paliar su repercusión en el principal motor del país: el consumo. Por otro, para soslayar una explosión social.

En Francia, toda amputación de su generoso Estado del bienestar acostumbra a provocar importantes movilizaciones que pueden llegar a paralizar el país. Como sucedió en el 2010 con la reforma de las pensiones impuesta por Sarkozy para prolongar la edad de la jubilación de los 60 a los 62 años. Las huelgas duraron tres meses.

Tras llegar al poder hace casi dos años, Hollande cumplió con su promesa de dar marcha atrás, pero solo lo hizo parcialmente. Tampoco revisó la congelación de los sueldos de los funcionarios, aplicada en el 2010 y prolongada ahora en la hoja de ruta detallada por Valls para cumplir con el objetivo de economizar 50.000 millones de euros entre el 2015 y el 2017.

Lo que hasta ahora no se había tocado era la revalorización de las pensiones, ni de las ayudas a las familias, factor clave de la elevada natalidad francesa. "No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", adujo el primer ministro, que recordó que el gasto público supone el 57% del PIB francés y que la deuda ha pasado del 50% en el 2002 al 90% al final del mandato de Sarkozy.

SOBERANIA Valls defendió "cumplir los compromisos" de reducción del déficit, no porque "lo imponga Europa" sino porque es la base de la credibilidad del país ante los mercados y, por tanto, de su soberanía. Valls precisó que el Estado disminuirá su gasto en 18.000 millones de euros, lo que implica una reducción de funcionarios en todos los departamentos salvo aquellos que Hollande prometió reforzar: educación, seguridad y justicia.

La dotación a las entidades locales se reducirá en 11.000 millones, y a la sanidad, en 10.000. La tijera no se aplicará a los subsidios, a las personas sin recursos y a las pensiones más modestas. Tampoco se tocará el salario mínimo, que en Francia es de 1.445 euros brutos al mes.