La justicia libia iba a protagonizar ayer un esperado juicio en aras de la supuesta transición política de Libia: el de los dos hijos de Muamar Gadafi y 30 altos dirigentes del régimen libio que gobernó el país durante casi cuatro décadas. Todos ellos están acusados de corrupción y de crímenes de guerra durante el levantamiento popular de febrero del 2011 que desembocó en una guerra civil y con Gadafi asesinado en su ciudad natal.

Los fiscales solicitaron y obtuvieron más tiempo para acabar las investigaciones, de modo que el juicio se pospuso para el 27 de abril. Ni Saif el Islam, el más prominente hijo del dictador, ni Saadi Gadafi, conocido por ser un playboy con una breve carrera futbolística, acudieron a la sala preparada en la prisión de Al Hadba, en Trípoli. Saadi no estuvo porque los fiscales reclamaron más tiempo para la investigación; Saif permanece bajo custodia de la poderosa tribu Zintan, al sudoeste de Libia, que se ha negado a entregarle al Gobierno central.

Entre los dirigentes que se sentaron ayer en el banco de acusados con un uniforme azul destacan el exjefe de los servicios de inteligencia, Abdullah el Senusi, y el antiguo primer ministro, Baghdadi al-Mahmoudi. Todos se enfrentan a la pena de muerte si son encontrados culpables.

"La sentencia no hará que nada cambie en Libia. El país está hundido y la gente no cree en su clase política", relató a este diario Ramadán Ran, traductor de profesión y exrebelde libio. Desde hace dos días secunda una huelga general como señal de protesta contra "el inmovilismo e inacción del Parlamento, el gobierno y la policía".

Las escuelas, las universidades y los bancos han cerrado sus puertas dejando al país más paralizado de lo que ya estaba. Desde la caída de Gadafi el 20 de octubre del 2011, ninguna figura política ha sido capaz de encarnar el equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas islamistas y antiislamistas. La seguridad y la estabilidad de Libia se ven amenazada por las milicias descontroladas, y los asesinatos con coches bomba o a punta de armas kalasnikov contra los cuerpos y fuerzas de seguridad están a la orden del día.

DIVISION Y ANARQUIA La transición política se halla enquistada y el poder, desmantelado. La solución pasa, según numerosos observadores internacionales, por el desarrollo de una estrategia para la integración de los rebeldes y las milicias en las fuerzas de seguridad emergentes.

Hasta el momento, sin embargo, Libia da muestras de todo lo contrario: división y anarquía. "La ley está impuesta por los extremistas en algunas zonas del país y las milicias rechazan deponer las armas porque desconfían de los políticos. Pensábamos que los políticos vendrían para arreglar Libia. Están dejando que la situación tome una deriva hacia el caos", dijo Omran, de Misrata.