El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, convocará nuevas elecciones parlamentarias que comenzarán el próximo mes de abril, según ha revelado este jueves una fuente de la jefatura de Estado egipcia a la agencia Reuters. "El presidente publicará pronto un decreto, podría ser esta noche", ha dicho esta fuente, que ha avanzado que el nuevo periodo electoral se repartirá en tres o cuatro fases.
La decisión ha trascendido horas después de que el Consejo de la Shura, la Cámara Alta egipcia, aprobase la nueva Ley Electoral, primer paso para la celebración de nuevos comicios.
La previsión es que el presidente del país, Mohamed Mursi, ratifique la norma el próximo lunes, 25 de febrero, y anuncie que en el plazo de dos meses se celebrarán las elecciones a la Cámara Baja, disuelta en 2012 después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la norma electoral era injusta.
La nueva Cámara Baja tendrá que adoptar importantes decisiones en materia económica que le reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de conceder un préstamo de 4.800 millones de dólares (3.630 millones de euros) para afrontar la actual crisis económica.
El pasado lunes, el Tribunal Constitucional solicitó cambios en cinco artículos de la nueva norma electoral. El Consejo de la Shura ha aceptado esos cambios y ha aprobado la nueva ley modificada sin someterla a votación.
"La decisión del Tribunal Constitucional es vinculante y nosotros no tenemos derecho a votarla. Debe ser llevada a cabo", ha explicado el presidente del Senado, Ahmed Fahmy. La nueva norma prohíbe que los miembros del Parlamento cambien de afiliación política tras haber sido elegidos.
Durante el régimen del anterior presidente, Hosni Mubarak, los parlamentarios independientes eran presionados para que se incorporaran a las filas de la formación gubernamental, el Partido Nacional Democrático, que monopolizó la vida política egipcia hasta la caída del régimen el 11 de febrero de 2011.
La Ley Electoral también establece que un tercio de los diputados de la Cámara Baja deben ser candidatos independientes y prohíbe a los miembros del extinto Partido Nacional Democrático la participación en la vida política durante al menos diez años.
Al igual que sucedió con los anteriores comicios parlamentarios, las elecciones legislativas se celebrarán en varias fases en las diferentes regiones del país por la escasez de supervisores electorales.
