Bajo un estricto secreto, el Gobierno colombiano y de las FARC comienzan hoy formalmente en las afueras de Oslo un proceso de complejas negociaciones que apuntan a poner fin al lacerante conflicto armado de la última mitad de siglo. Delegados de ambas partes se vieron ayer por primera vez cara a cara en una reunión preliminar. De un lado, Humberto de la Calle, el hombre que eligió el presidente Juan Manuel Santos para representarlo. Frente a él, el jefe guerrillero Iván Márquez.
La cita de Oslo mantiene en vilo no solo a Colombia. "Creemos que hay elementos estructurales que permiten abrigar la esperanza y la idea de que traeremos buenas noticias", dijo De la Calle, quien descartó de plano una negociación tradicional. "Este es un proceso nuevo y creemos sinceramente que hay condiciones para lograr un resultado eficaz y favorable". Las discusiones continuarán en La Habana, en una fecha que aún debe precisarse.
Noruega y Cuba son los garantes de esta ingeniería de paz. Los anfitriones tienen una importante experiencia en materia resolución de conflictos internacionales (desde Guatemala y Ruanda a Oriente Medio). Los cubanos, por su parte, ya han jugado un papel de mediador entre la guerrilla y el Gobierno en otros momentos. Chile y Venezuela, países que se ubican en espectros ideológicos que coinciden con cada una de las partes, son los acompañantes de esta cuarta búsqueda entre el Estado y la principal guerrilla colombiana de cerrar el ciclo de violencia estructural que ha dejado miles de muertos y mutilados, millones de desplazados e ingentes pérdidas económicas. A cada uno de estos países le tocará tender puentes en la medida que aparezcan situaciones críticas.
Santos asumió la presidencia en agosto del 2010. Había ganado las elecciones como el heredero de Alvaro Uribe, el presidente que puso en marcha una ofensiva contrainsurgente sin precedentes. Pero a diferencia de su antecesor, Santos consideró que era el momento de apostar por la paz. No solo porque se trata de un clamor de los colombianos. La guerra es altamente costosa, pero no solo en vidas, ya que devora los recursos económicos que podrían destinarse a resolver las lacras sociales.
A diferencia de las tres negociaciones precedentes, llevadas a cabo durante las gestiones de Belisario Betancur (1983), César Gaviria (1990) y Andrés Pastrana (1999), esta es la primera vez que las FARC discuten con el Estado en condiciones de repliegue, después de haber sufrido pérdidas del orden militar (el abatimiento de parte de sus principales jefes) y simbólico. Mientras duren las conversaciones, el Ejército seguirá operando en las zonas de influencia de la guerrilla.
LA TIERRA En este contexto, las partes establecieron una agenda de cinco puntos de alto impacto. La cuestión agraria es el primero. El Gobierno llegó a Oslo con una ley de desarrollo rural que la revista Semana calificó de progresista. En Colombia nunca hubo una reforma de la propiedad rural. "El despojo y la acumulación violenta de la tierra están en la base del conflicto armado. Las FARC fueron en sus orígenes una rebelión campesina y en las zonas rurales está su base social; por tanto consideran este tema decisivo", recordó Semana .
La futura participación política de la guerrilla es otro tema crucial. ¿Qué delitos cometidos por las FARC no prescribirán? ¿Qué sucederá con los insurgentes que tengan condenas? Esas preguntas deberían empezar a responderse y son concomitantes con otro de los puntos de la agenda: la forma de finalizar el conflicto. ¿Se pactará un cese de hostilidades bilateral? ¿De qué manera se entregarán las armas? ¿Y cómo se producirá la reinserción social de los que tomaron las armas?
La cuestión del narcotráfico pondrá también a prueba la eficacia de las negociaciones, ya que deberían surgir fórmulas alternativas para las cerca de 63.000 familias que viven de la coca y que forman parte de la base social de la guerrilla. Por último están las víctimas del conflicto. Este es un asunto nuclear y polémico porque Colombia necesita encontrar un delicado balance entre verdad, justicia y reparación.
