El Gobierno y los agentes sociales italianos no alcanzaron ayer ningún acuerdo definitivo sobre una reforma laboral que llevan negociando durante semanas, y que constituiría un cambio histórico después de las bases pactadas en el lejano 1970 y nunca modificadas sustancialmente. El primer ministro, Mario Monti, dio por acabadas las negociaciones pese a la oposición del principal sindicato del país, y anunció que el proyecto pasará ahora al Parlamento.

El Ejecutivo busca facilitar los despidos de los trabajadores veteranos, garantizar la contratación de los jóvenes y extender a todos los trabajadores el subsidio de paro, que actualmente en Italia no existe. El principal escollo que tiene que salvar, que a la vez se ha convertido en símbolo y bandera de los sindicatos, es el artículo 18 del estatuto de los trabajadores, que da garantías contra el despido por razones discriminatorias, económicas o disciplinarias esgrimidas por los empresarios.

El Gobierno propone que los despidos por razones económicas se resuelvan con una indemnización; los que tengan carácter disciplinario (por ejemplo, ausencias injustificadas del puesto) los decida un juez laboral (como sucede en Alemania) y que para los despidos de tipo discriminatorio (como en el caso del embarazo de una mujer) siga en vigor el artículo 18, o sea, que esta no pueda ser despedida. Dicho artículo se aplica ya ahora solo en las empresas con más de 15 trabajadores.

NEGOCIACION NECESARIA La reforma laboral es el plato fuerte del Gobierno tecnocrático de Mario Monti, constituido en noviembre y apoyado por conservadores, moderados y progresistas para afrontar la grave crisis económica internacional. El Ejecutivo quería concluir la negociación antes de que el próximo sábado Monti emprenda un viaje que le llevará a visitar varios países asiáticos. "Escuchamos a todos con seriedad, pero no podemos discutir hasta el infinito", había advertido Elsa Fornero, ministra de Trabajo, mientras que Giorgio Napolitano, presidente de la República, había admitido que "sería grave" que no se alcanzara un acuerdo.

DILEMA Conservadores y especialmente los progresistas se encuentran ahora entre la espada y la pared, ya que unos u otros no conseguirían reformar el sistema laboral si gobernasen en solitario, al revés de cuanto ha sucedido en España tras la victoria del PP por mayoría absoluta.

La Federación de los Metalúrgicos (FIOM), el ala más dura de la central CGIL (análoga a CCOO), argumenta que la dificultad en despedir "es uno de los únicos derechos ciertos" de los trabajadores, que "no deben ser los que paguen la crisis". CGIL exige también garantías sobre el despido por razones económicas, que deberían ser especificadas en el acuerdo. "De otro modo, el criterio puede transformarse en una forma fácil de despido", arguye Sussanna Camusso, líder de la central sindical obrera.

Por su parte, la patronal se opone a las garantías que el Gobierno intenta aplicar para las nuevas contrataciones, suprimiendo muchos de los tipos de contratos que existen actualmente, en los que se ocultan camufladas nuevas modalidades de precariedad. Por esta razón, la reforma laboral sube las contribuciones para los contratos de tipo precario. Stefano Fassina, responsable económico de los progresistas (PD), explica que hay que decidir si con la reforma "queremos acercarnos a Berlín o a Madrid", en una clara referencia a la reforma laboral aprobada por el PP o bien a las garantías judiciales aceptadas por los sindicatos alemanes.