La decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de liberar a los 10 policías que tiene en su poder y de "proscribir" la práctica de los secuestros con extorsión fue ayer saludada por todas las voces que claman por una solución política del largo conflicto armado colombiano. El presidente, Juan Manuel Santos, no podía quedarse en silencio. "Valoramos el anuncio como un paso necesario e importante, pero no suficiente, en la dirección correcta", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter. "Nos alegramos mucho por los 10 secuestrados que van a liberar y por sus familias. El Gobierno dará garantías sin circo", añadió minutos después, en relación al dispositivo que debe sacar a los rehenes de la selva, con ayuda de Brasil.

Según las FARC, cada vez que hablan de "la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los problemas", se alza "el coro de los amantes de la guerra para descalificar" sus "propósitos de reconciliación".

En enero pasado, el número uno de la guerrilla, Rodrigo Echeverry, conocido como Timoleón Jiménez y con el alias de Timochenko, instó a Santos a iniciar un diálogo "de cara al país" y "sin mentiras". En el mensaje de ayer, el grupo armado consideró que "no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones". Como "gesto", las FARC, que en un principio pensaban liberar a "seis prisioneros de guerra", resolvieron incluir a "los cuatro restantes".

IMPOPULARIDAD La medida de mayor peso tiene que ver con el fin de los secuestros, una práctica que la guerrilla quiso utilizar como moneda de cambio y que solo le ha granjeado repudio mundial e impopularidad en los grandes centros urbanos del país. Pero las FARC advierten de que "la prolongación indefinida de la guerra" les obligará a "recurrir a otras formas de financiación o presión política".

Los analistas suelen asegurar que la guerrilla ha sufrido una "derrota estratégica" inapelable, pero, a pesar los golpes letales que el Ejército le ha propinado (caídas sucesivas en la cúpula y deserciones), la victoria militar definitiva del Estado aún no se perfila en el horizonte.

Según un nuevo estudio del Centro Seguridad y Democracia que dirige Alfredo Rangel, uno de los especialistas más importantes en el conflicto, el repliegue guerrillero no ha implicado una reducción de su actividad: los hostigamientos, las emboscadas y los ataques contra instalaciones de la fuerza pública están aumentando desde el 2009, y en el 2011 alcanzaron su nivel más alto en cuatro años.