La imagen de Benito Mussolini y Pio XII firmando los pactos de Letrán el 11 de febrero de 1929, por los que se creó el Estado Vaticano y la Iglesia católica pasó a tener una serie de beneficios y privilegios en Italia, parecía ayer un poco más opaca y distante. El primer ministro, Mario Monti, en un giro que ha sorprendido incluso a los más escépticos, propuso eliminar parte de las exenciones fiscales de las que goza la iglesia en Italia.

En síntesis, Monti --que es católico y va a misa-- presentó una propuesta que prevé que los edificios y oficinas eclesiásticos "destinados total o parcialmente a uso comercial" paguen el ICI, el impuesto municipal sobre bienes inmuebles del que hasta ahora estaban exentos.

2.000 MILLONES AL AÑO El capital supondrá para el Estado italiano, en el caso de que el Parlamento lo apruebe, hasta 2.000 millones de euros al año, según estimaciones de la Administración de Finanzas italiana.

La norma ahora modificada, que ningún Gobierno del centroizquierda italiano puso jamás en discusión, afectará en concreto a una parte de los 100.000 inmuebles que se estima pertenecen a la Iglesia (no existe un censo oficial), de los cuales 9.000 son escuelas; 26.000, estructuras eclesiásticas, y casi 5.000, centros sanitarios. La cuestión será determinar cuáles son las estructuras que deben abonar el ICI.

Para la delicada operación, eso sí, Monti se escudó en la crisis económica, al tiempo que sus colaboradores recordaron que la medida había sido pedida por la Unión Europea (UE), ya que, además, hay abierto un procedimiento de infracción por violación de la concurrencia y ayuda ilegítima del Estado, presentado en octubre del 2010 por el Partido Radical italiano.

"Si se aprueba la propuesta de Monti, cerraremos el expediente por infracción", prometió ayer Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, reaccionando así a la noticia a una velocidad de vértigo. "La propuesta me parece un avance significativo", agregó.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) optó por mantener la calma. Aunque, según algunos vaticanistas, nadie había informado al Vaticano de la propuesta de Monti, en realidad se hablaba de ello desde hace días y el propio líder de los obispos italianos, Angelo Bagnasco, evitó levantar la voz.

Al contrario. En la habitual reunión invernal del Consejo Permanente de los obispos italianos, el pasado 23 de enero, Bagnasco afirmó que el Ejecutivo de Monti es "un Gobierno de buena voluntad" y que, además, es "pecado" y "un escándalo" no pagar los impuestos que le corresponden a cada uno. "Esperamos conocer el contenido exacto del texto para expresar un juicio correcto", recalcó ayer el portavoz de la CEI, Domenico Pompili.

ALUSION A BERLUSCONI Esta actitud sorprende si se recuerda que en septiembre del 2011 los obispos italianos, aliados clave durante muchos años del centroderecha de Silvio Berlusconi y siempre muy activos en los pasillos de la política italiana, no habían optado precisamente por la vía diplomática. "Mortifica tener que constatar comportamientos no solo contrarios al público decoro, sino intrínsecamente tristes y vacuos", afirmó Bagnasco en aquella ocasión, al criticar las relaciones femeninas de Berlusconi.