Un tribunal de Nueva Zelanda ha concedido la libertad condicional a dos de los directivos de Megaupload que fueron detenidos el pasado viernes en Auckland junto al fundador del portal de descargas, Kim Schmitz, alias Kim Dotcom, y sobre quienes pesa una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por piratería informática. El juez David McNaughton del Tribunal del distrito de North Shore ha considerado que el riesgo de fuga del alemán Finn Batato, de 38 años y jefe técnico del Megaupload, y del holandés Bram van der Kolk, de 29 años y jefe de programación, es "baja" y "mínima", respectivamente.
En su dictamen, el juez ha tenido en cuenta las evidencias de buena conducta sobre Batato y Van der Kolk, su dedicación al trabajo y sus obligaciones familiares, así como que no se aprecian señales que indiquen que puedan acceder a fondos no declarados para huir de Nueva Zelanda. El fallo sobre la libertad condicional pedida por Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador de Megaupload, se conocerá este jueves.
En cambio, Schmitz seguirá en prisión hasta el próximo 22 de febrero, cuando se celebrará una vista sobre su extradición, y la de sus socios, a Estados Unidos. El juez MacNaughton denegó al fundador del portal su petición de libertad condicional por considerar que existe un riesgo de fuga debido a sus múltiples identidades, posibilidad de acceder a dinero en efectivo o cuentas bancarias, organizar su traslado y obtener documentos falsos.
Acusados de crimen organizado
Los cuatro ejecutivos fueron detenidos el viernes 20 de enero en el marco de un amplio operativo internacional que incluyó el cierre de su portal de descargas y la detención en Europa de otros dos presuntos cómplices. Las autoridades estadounidenses intervinieron el portal Megaupload por considerar que ha causado más de 381 millones de euros en pérdidas al transgredir los derechos de autor de compañías y obtenido un beneficio de 133 millones de euros).
En el caso de que se apruebe la extradición, los cuatro detenidos serán juzgados en Estados Unidos, donde la justicia les imputa supuestos delitos de relación con el crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de derechos de propiedad intelectual, por los que de ser declarados culpables pueden ser condenados a una pena máxima de 50 años de cárcel.
