Un año después de la revolución que protagonizó el pueblo egipcio y que forzó la dimisión del presidente Hosni Mubarak nadie sabe a ciencia cierta lo largo que será el camino hasta que el país del Nilo alcance la democracia plena, si es que finalmente lo logra, lo que no está nada claro. De momento, el Ejército, que gobierna de facto, debe pilotar el proceso junto a los islamistas Hermanos Musulmanes, legitimados en las urnas. Ambos se necesitan. Unos tienen las armas y los otros la capacidad para llenar de manifestantes Tahrir.

Pero en el nuevo escenario político egipcio hay dos fuerzas más que que no hay que menospreciar: los radicales salafistas, la gran sorpresa en las elecciones legislativas, y las fuerzas liberales y laicas impulsoras de la revuelta de hace un año y que mantienen encendida la llama y el espíritu de la revolución. "O vivimos en libertad o morimos revolucionarios", es uno de sus gritos de guerra.

La unidad que mostró el pueblo egipcio cuando tumbó a Mubarak en solo 18 días y sin disparar ni un solo tiro --prodigioso por tratarse del hombre de EEUU e Israel en la región-- se ha ido diluyendo a lo largo de los meses. Era predecible. Poco después del triunfo de la revolución, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) levantó la veda a la formación de partidos políticos. Nacieron decenas, incluso uno creado por islamistas radicales salidos de la prisión tras cumplir largas condenas, acusados del asesinato del expresidente Anuar el Sadat.

Cada partido se fue acomodando al nuevo escenario, mientras los militares diseñaban el proceso transitorio, no sin dificultades. De hecho, la presión popular posrevolucionaria en la calle ha obligado a los militares a cambiar parte de sus planes. Gracias a las protestas se aceleró la detención y proceso de Mubarak, de sus hijos Alaa y Gamal, y de buena parte de sus hombres de confianza; se logró que se aplazaran las elecciones legislativas; se fijó la fecha de cesión del poder a los civiles --tras las presidenciales de este verano y no en el 2013 como pretendían los uniformados--, y se ha frenado, de momento, la pretensión del CSFA de no someterse a la autoridad civil.

No se ha conseguido, sin embargo, que se levante el estado de excepción, en vigor desde 1981, que se desmantelen los tribunales castrenses, por los que ya han pasado más de 10.000 personas, ni que se decrete una amnistía para los detenidos. Organizaciones de derechos humanos denuncian malos tratos y torturas en las prisiones.

"El antiguo régimen no ha caído", exclamó la semana pasada el Nobel de la Paz Mohamed el Baradei, tras anunciar la retiraba de su candidatura presidencial. "Los capitanes de la nave el CSFA siguen navegando en las mismas aguas que antes, como si la revolución no hubiera tenido lugar", advirtió la figura de las fuerzas laicas con más proyección internacional.

Para los jóvenes revolucionarios, las últimas manifestaciones de noviembre y diciembre, que se saldaron con medio centenar de muertos y miles de heridos, forman parte de una misma revolución, la del 25 de enero, que consideran inacabada. Sus reivindicaciones pasan por el desmantelamiento del aparato re