Cualquiera que haya inhalado alguna vez gas lacrimógeno sabe que produce un picor abrasivo en los ojos, irrita las mucosas y provoca una angustiosa sensación de asfixia. Desde que la revuelta egipcia renació de su letargo para forzar a los militares a transferir el poder a una autoridad civil, la policía ha recurrido al uso indiscriminado de granadas de gas contra los manifestantes. La mayoría son made in USA. Las fabrica una empresa de Pennsylvania y son las mismas con las que el Ejército israelí ha matado a varios palestinos en las protestas populares contra el Muro.
El logotipo tantas veces mostrado a las cámaras estos días en Tahrir no deja lugar a dudas: CSI o Combined Systems International, un fabricante de armas con sede en Jamestown. "El gas lacrimógeno es supuestamente un arma no letal, pero si se dispara de cerca y a la altura de la cabeza puede provocar lesiones graves o incluso la muerte", asegura a este diario Sanjeev Bery, director de campañas de Amnistía Internacional (AI) para Oriente Próximo. Pero no solo mata por impacto, como saben bien en la localidad cisjordana de Bilin.
El 1 de enero murió allí Jawaher Abu Rahmah de una parada cardiaca después de inhalar el gas. Dos años antes había muerto su hermano Bassem, tras recibir el impacto de una granada fabricada por CSI en el pecho. También acabaron con el fotógrafo francés Lucas Mebrouk, cuando cubría la revuelta que derrocó a Ben Alí en Túnez, otro de los clientes de CSI.
La polícía egipcia ya recurrió a estas armas en los primeros compases de la revuelta iniciada el 25 de enero, pero se le acabó la munición en solo unos días. Human Rights Watch (HRW) dijo entonces que había visto a varios muertos con "heridas masivas en la cabeza causadas por las granadas de gas". Esta vez se sospecha que la policía esté usando un gas más potente que el convencional. Médicos egipcios han denunciado varias muertes por asfixia, además de síntomas nuevos como desmayos y convulsiones. Una posibilidad apuntada por HRW es que sean granadas de fabricación egipcia o viejas, lo que aumentaría su toxicidad.
EEUU negó el martes que el gas empleado en El Cairo o Alejandría forme parte de los 1.300 millones de dólares en ayuda militar que concede anualmente al Ejército egipcio. Pero cada año autoriza además la venta directa de armas desde varias compañías privadas. Según AI, entre el 2005 y el 2010 Egipto adquirió artefactos de gas estadounidense por valor de 2,5 millones de dólares. Y eso que, desde hace 15 años, la llamada ley Leahy prohíbe en EEUU la venta de armas a los regímenes que violan los derechos humanos.
Ley con trampa
Esa ley, no obstante, tiene trampa porque solo veta las transferencias a aquellas unidades militares que violan la legalidad, una distinción imposible en dictaduras como la egipcia, la saudí o la jordana. El ubicuo made in USA en las calles cairotas ha puesto a la Administración estadounidense en una situación delicada. Por más que apoye de palabra la revuelta, son sus armas las que están ayudando a reprimirla. "EEUU debería reevaluar su política de ayuda militar para evitar que se conceda en el futuro a regímenes con un historial tan terrible hacia los derechos humanos como el egipcio", opina Bery.
Esta propuesta se está evaluando en el Senado, para poner más condiciones a la ayuda militar. "La idea es que se acaben los cheques en blanco para Egipto en esta nueva era", explica David Carle, asesor del senador demócrata Patrick Leahy, impulsor de la reforma y padre de la ley Leahy. Pero no será fácil superar el trámite. Muy pocos en Washington están dispuestos a dar pasos en falso.
