La revuelta popular yemení, que desde hace varias semanas pretende forzar la dimisión del presidente Alí Abdulá Saleh tras 32 años en el poder, vivió ayer su jornada más sangrienta. Las fuerzas de seguridad del régimen dispararon contra una multitud de manifestantes que, tras la oración del viernes, pretendían marchar desde la plaza donde están acampados frente a la universidad. El ataque causó al menos 42 muertos y 200 heridos, según fuentes médicas, aunque el régimen rebajó la cifra de víctimas a 25.
Saleh declaró más tarde el estado de emergencia, dos días después de que Bahréin instaurara la ley marcial tras aplastar las manifestaciones con algo menos de brutalidad. Los hechos se produjeron en la capital, Saná. Según testigos citados por France Presse, los disparos comenzaron instantes después de que los manifestantes trataran de extender la protesta fuera de la plaza coreando consignas a favor de la dimisión del autócrata.
Fue entonces cuando francotiradores apostados en los edificios vecinos e individuos de paisano empezaron a vaciar sus cargadores. Los heridos, con impactos en la cabeza y en el abdomen principalmente, fueron trasladados a una mezquita cercana reconvertida en hospital de campaña. La oposición responsabilizó al régimen de los asesinatos y le acusó de sembrar el terror para frenar las protestas.
La represión yemení desató una condena internacional unánime. La Unión Europea expresó su "consternación" por lo ocurrido, mientras la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, manifestó que su país está "alarmado" por la crudeza de la represión e instó a la apertura de un diálogo político.
