Paradójicamente, Nicolas Sarkozy, el primer presidente de la V República hijo de inmigrante --su padre es de Hungría--, está haciendo méritos para pasar a la historia como el más beligerante con los ciudadanos de origen extranjero. "La nacionalidad hay que merecerla", dijo en julio en Grenoble, en un discurso en el que dio un paso inédito que le ha valido duras acusaciones de discriminación: anunció la retirada de la nacionalidad a los "franceses recientes" que atenten contra la integridad de un miembro de las fuerzas del orden. Según el texto legislativo elaborado por el Ministerio de Interior la medida se extenderá también a los polígamos.

El Gobierno pasa a la acción con una reforma de la ley de inmigración que se tramitará en el Parlamento a finales de septiembre. La propuesta elaborada por Interior, publicada por el diario Libération , establece la frontera entre los delincuentes a los que se podrá retirar la nacionalidad y a los que no en 10 años de ciudadanía francesa, y una condena de al menos cinco años de prisión por un delito contra representantes de la República.

También distingue las infracciones merecedoras del castigo. Mientras los textos elaborados por los ministerios de Justicia y de Inmigración se centran en los actos de violencia contra las fuerzas de seguridad, el titular de Interior, Brice Hortefeux, incluye a todos los representantes del Estado, desde los juristas hasta los bomberos. De paso, añade los delitos de "poligamia, estafa y abuso de debilidad".

Hortefeux no ha querido dejar pasar la oportunidad de darle un empujón a su cruzada contra la poligamia, iniciada a raíz del recurso presentado por una mujer multada por conducir con el velo integral. El ministro acusó al compañero de la denunciante de polígamo y de defraudar al Estado por percibir más ayudas sociales de las que le pertocan.

El responsable de Interior aprovecha para convertir "la poligamia de hecho" en delito, así como el "abuso de debilidad", definido como recibir ayudas sociales concedidas a las concubinas, y penado con 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa.