El Nicolas Sarkozy más beligerante con los temas de seguridad en su época como ministro del Interior ha vuelto a aparecer en las últimas semanas, cuando ha superado su tercer año como presidente francés y se avecinan las próximas elecciones, en el 2012. Para ello no ha dudado en anunciar nuevos cambios en la ley para privar de nacionalidad a las personas de origen inmigrante que hayan atentado contra policías y gendarmes. Y, de momento, las primeras acciones de las fuerzas del orden se dirigen a los gitanos rumanos y búlgaros que viven en poblados de chabolas y sobre los cuales, desde el pasado 28 de julio, planea una operación de desmantelamiento y expulsión del territorio que se exhibe como bandera.

Cuando Rumanía y Bulgaria entraron a formar parte de la UE en el 2007, España aplicó una moratoria de un año para alcanzar la plena libertad de circulación de sus ciudadanos por el espacio común. En el caso de Francia, esta moratoria estará vigente hasta finales del 2011 y la voluntad política pasa por alargarla hasta el 2013.

Mientras tanto, rumanos y búlgaros tienen derecho a la libre circulación como ciudadanos europeos, pero en territorio francés no pueden quedarse más de tres meses si no disponen de una carta de residencia, que a su vez solo es posible si obtienen un permiso oficial de trabajo.

ETNIA De los dos millones y medio de rumanos que han emigrado hacia el oeste de Europa desde el ingreso en la Unión Europea, una buena parte son de etnia gitana y han elegido fundamentalmente Italia, Suiza, Francia y España. Oficialmente, en Rumanía representan medio millón, pero todo el mundo coincide en que, en realidad, pueden llegar a ser más de dos millones, porque muchos de ellos no se atreven a decir que son gitanos. En Bulgaria, constituirían 750.000, y en Eslovaquia, otro medio millón. En total, hay nueve millones de gitanos con pasaporte europeo. En Francia, donde se les denomina roms , ya llegaban antes del 2007, aunque su afluencia se ha multiplicado en los últimos tres años, aprovechando las zonas inertes de la periferia de las grandes ciudades donde instalan sus caravanas o construyen sus casas con material reciclado de la calle y, al principio, sin servicios. Un nuevo chabolismo del siglo XXI en pleno centro de Europa.

El problema implica a las diferentes administraciones, pero sobre todo afecta a los ayuntamientos, que se ven obligados a encontrar una solución social a las familias, mientras el Estado aplica una política cada vez más represiva. La tensión es palpable en los últimos meses entre alcaldes del cinturón de París y las directrices tomadas por el Ministerio de Interior.

Su titular, Brice Hortefeux, fiel entre los fieles a Sarkozy, tiene la tarea todo este mes de agosto de hacer anuncios casi periódicos de desmantelamiento de campamentos aderezado con todo tipo de declaraciones de combate policial. De los 300 campamentos detectados en el país, ya se habrían destruido 40 y 700 personas estarían en trámite de expulsión vía vuelos chárter . En cada intervención, el ministro asocia su presencia con la delincuencia y hace referencia a las mafias para la mendicidad y la prostitución.

Además, de Hortefeux es la idea de ampliar la privación de nacionalidad a aquellos que cometan delitos de poligamia, que practica cierta comunidad musulmana. Cuando Sarkozy habló de esta retirada de nacionalidad utilizó la expresión "franceses de origen extranjero". Un término ambiguo que no ha dejado de crear polémica desde su discurso en Grenoble, la última semana de julio, y que acaba de recibir la censura del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU.

Como alternativa al desalojo de campamentos, las autoridades francesas ofrecen a cada gitano adulto 300 euros, y 100 a los menores, para que retornen a su país. Anualmente, se expulsan más de 8.000 rumanos y un millar de búlgaros, pero dos terceras partes de ellos terminan por volver a Francia.