Más de medio centenar de legisladores estadounidenses pidieron al presidente de su país, Barack Obama, que restablezca la prohibición de vender a civiles ciertas armas de asalto importadas, que muchas veces terminan en manos de narcotraficantes mexicanos.

Uno de los firmantes de la petición, el legislador demócrata Eliot Engel, que se encuentra en visita de trabajo en la capital mexicana, se mostró hoy confiado en que el Gobierno de Obama analice este mismo año la medida, que no requiere aprobar leyes nuevas.

"Le envié (a Obama) una carta unos días atrás, no llega a una semana, y estoy esperando su respuesta", explicó Engel a Efe. Anteriormente, Engel recordó en una rueda de prensa que el 90 por ciento de las armas confiscadas en México cada año tiene su origen en Estados Unidos.

"Eso es, simplemente, inaceptable y debemos hacer un mejor trabajo para reducir el flujo de estas armas hacia el sur de la frontera", destacó. El fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, mostró a Engel algunas de esas armas en una reunión que mantuvo con él esta semana.

Según Engel, las armas "no hubieran llegado a México si la legislación estadounidense estuviera en vigor". El legislador, presidente de la misión y miembro del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, sostuvo que estas armas proceden "predominantemente" del Este de Europa y de China.

"Pienso que si empezamos a hacer valer esta prohibición veremos el flujo de armas, si no frenándose completamente, por lo menos reducido", añadió el representante demócrata.

El diputado por Nueva York señaló que, cuando regrese a su país espera reunirse con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para "alentarla" a que convenza a Obama de la necesidad de atender su petición.

"Espero una respuesta positiva, porque creo que el presidente Obama entiende la necesidad de que seamos socios de México", dijo a Efe el legislador, que cree que esta medida no afecta a la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite a los estadounidenses tener armas sin importar el motivo.

El Congreso de EEUU aprobó en 1994 una ley que prohibía la venta a civiles de algunas armas de asalto semiautomáticas o de alto calibre importadas cuya vigencia concluyó en 2004 y la norma no se renovó durante el Gobierno de George W. Bush.