Forzada por el Tribunal Supremo, la Casa Blanca dio ayer marcha atrás en su controvertida política de no aplicar los derechos contemplados por las convenciones de Ginebra a los detenidos en la prisión de la base de Guantánamo (Cuba) y en otras cárceles del Pentágono repartidas por el mundo. El portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, fue el encargado de anunciar la revocación de una decisión que provocó un gran debate nacional y gran repulsa internacional. El anuncio supone otro revés para el presidente de EEUU, George Bush, que negó a estos presos la calificación de "prisioneros de guerra", para privarles del amparo del derecho internacional.

"No se trata realmente de una revocación de nuestra política", argumentó Snow, quien reconoció que un nuevo documento del Pentágono incorpora el dictamen emitido el 29 de junio por el Tribunal Supremo sobre la ilegalidad de los tribunales militares que debían juzgar a esos presos. El más alto tribunal de EEUU no solo decretó que Bush se extralimitó al crear tribunales militares especiales para juzgar a los presos de Guantánamo, sino que declaró ilegales esos tribunales porque violan las leyes marciales de EEUU y las convenciones de Ginebra.

LA PROTECCION Estas leyes internacionales que la Casa Blanca ha negado hasta ahora a los confinados en Guantánamo centran su protección en el artículo 3 común, que prohíbe la violencia contra los detenidos, el trato cruel, la tortura y "las ofensas a su dignidad personal y, en particular, el trato humillante y degradante". Además, este artículo establece que las sentencias contra estos prisioneros deben ser "pronunciadas por tribunales constituidos conforme a las normas establecidas, que aporten todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".

El giro en la política sobre las convenciones de Ginebra decidido por la Casa Blanca fue anunciado coincidiendo con el inicio de audiencias en el Comité Judicial del Senado para estudiar cómo se debe juzgar a los capturados por EEUU en el marco de la "guerra contra el terror".

"No vamos a darle al Pentágono un cheque en blanco", advirtió el senador republicano Arlen Specter. Su colega demócrata Patrick Leahy fue más tajante y exigió modificar "los juicios de pacotilla" y que las "comisiones militares --como denomina la Casa Blanca a los tribunales marciales de Guantánamo-- no sean establecidas como una farsa". "Deben adaptarse a los altos estándares de la justicia de EEUU".

NUEVA LEGISLACION Bush anunció que trabajaría con el Congreso "para establecer tribunales militares" que cumpliesen con los dictados del alto tribunal. El senador Specter ha presentado ya un proyecto de ley que perfila tribunales para juzgar a los detenidos en la lucha contra el terrorismo, pero impone ciertos requerimientos al Pentágono para asegurar que se respetan ciertos derechos de los presos. "Necesitamos tener legislación específica", comentó el congresista republicano Donald Duncan.