La Comisión Europea efectuará una investigación técnica para verificar los fundamentos de la denuncia de la organización Human Rights Watch sobre la existencia de cárceles secretas estadounidenses en países europeos, como Polonia y Rumanía, según anunció ayer el portavoz del comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini.
El país comunitario que albergase uno de estos centros de detención clandestinos de los servicios de espionaje norteamericanos para sospechosos de terrorismo incurriría en una violación grave del artículo 6º del Tratado de la UE, que regula los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho que deben respetar todos los estados.
La existencia de estos centros de detención secretos también supondría una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos y de la Convención Internacional contra la Tortura, que han suscrito los 25 estados de la UE. Si se confirmara la existencia de esas cárceles clandestinas, el Estado miembro afectado podría ser sometido a sanciones políticas o, en el caso de un país candidato como Rumanía, podría ver comprometida su adhesión a la UE, prevista para el 1 de enero del 2007.
El Ejecutivo comunitario, sin embargo, se mostró muy cauto sobre la denuncia de Human Rights Watch e insistió en que la investigación será de "carácter técnico" para comprobar la base y fundamento de esos informes, mediante contactos políticos con los miembros de la UE.
DEMOCRATAS Y MCCAIN "No estamos aún en una fase de investigación formal oficial", recalcó el portavoz de Frattini. El mismo portavoz resaltó que es prematuro que Frattini intervenga en el asunto. El comisario y la Comisión Europea mantienen la línea política en la lucha antiterrorista de primar la seguridad sobre los derechos individuales.
En EEUU, el asunto de las prisiones ultrasecretas provocó el rechazo de los demócratas, que ayer se disponían a sumar fuerzas con el senador republicano John McCain para prohibir la tortura de prisioneros bajo custodia estadounidense.
Frente a la oposición de la Casa Blanca, McCain logró en octubre la aprobación por el Senado de una enmienda al presupuesto de Defensa que prohíbe la tortura de los prisioneros, incluidos los custodiados por la CIA. Ahora los demócratas se proponen apoyar la misma enmienda en la Cámara de Representantes para que se convierta en ley, aunque Bush advirtió de que la vetará.
El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, subrayó que la orden del presidente para que no se torture a los presuntos terroristas se aplica a todos los presos en poder de EEUU. Pero eludió confirmar la existencia de una cárcel secreta en un país del extinto bloque soviético.
