La ONU no quiere que se violen los derechos del dictador iraquí Sadam Husein durante el proceso legal que se inició esta semana en Bagdad. "Es importante que sea un proceso creíble y justo", declaró a la prensa la canadiense Louise Arbour, comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien sustituyó en ese cargo al brasileño Sergio Vieira de Mello, muerto en un atentado en Bagdad en agosto pasado.

"Es crucial que la comunidad internacional se mantenga muy vigilante para que este proceso respete todas las normas de los derechos humanos y se desarrolle de manera justa y creíble", añadió Arbour. La comisionada rechazó pronunciarse sobre la idoneidad de que Sadam sea juzgado por un tribunal iraquí en lugar de un tribunal internacional. "Todavía es muy pronto para ser escéptico sin razón", dijo.

Sadam compareció el jueves ante el tribunal especial que le juzgará, cuya legitimidad cuestionó, al tiempo que rechazó firmar su acta de acusación. También estuvieron otros 11 altos exdirigentes, entre ellos Alí Hasán al Majid Alí el Químico y el ex viceprimer ministro Tarek Aziz.

REACCIONES EN EL MUNDO El inicio del largo proceso legal provocó reacciones inmediatas en todo el mundo. El secretario de Estado, Colin Powell, declaró que debe asumirse que Sadam es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. "Asumamos su inocencia y dejemos que el pueblo iraquí, a través de sus tribunales, decidan", declaró Powell en Indonesia. En cambio, un buen número de clérigos radicales shiís se preguntaron sobre la oportunidad del juicio y pidieron sin ambages que el dictador fuera ejecutado sumariamente.

"El Gobierno iraquí ha hecho bien comenzando, tras la pretendida transferencia de poder, por juzgar a Sadam Husein, aunque es posible que utilice este proceso para desviar la atención de la población" sobre los problemas del país, declaró el jeque Awas Jafaji, lugarteniente del radical Moktada al Sadr. "Sadam no necesita ser juzgado", apostilló.

Irán, cuyo país fue devastado por una larga guerra de más de ocho años que provocó un millón de muertos en ambos bandos, tampoco quiso quedarse en silencio. El ex presidente iraní, Akbar Hachemi Rafsanyani, exigió sesiones públicas y denunció que la contienda con su país no figure en el acta de acusación.