El Gobierno cerrará el curso parlamentario con 70 leyes en toda la legislatura, más de la mitad decretos

El Gobierno no deja de esforzarse en demostrar que aún hay legislatura por delante y una mayoría parlamentaria que lo sostenga. En un intento de hacerlo patente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en los últimos dos meses para mejorar unos números legislativos que quedaban muy lejos de la primera legislatura de la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Fruto de este impulso, el Congreso dará el visto bueno definitivo esta semana a tres nuevas normas que elevarán la cifra de leyes aprobadas en la legislatura por encima de las 70, aunque cerca del 60% son reales decretos.

Con agosto a la vuelta de la esquina, la Cámara Baja celebrará el próximo jueves el habitual pleno extraordinario previo a las vacaciones en el que el Ejecutivo suele acumular todas las cosas que tiene pendientes. La intención inicial del Gobierno era cargar el orden del día de normas relevantes, pero varias de ellas se han quedado en el tintero por falta de acuerdos con los socios o por falta de tiempo para negociar. Muchas veces, una cosa conlleva la otra y viceversa.

Aun así, el Ejecutivo ha solicitado incluir en el debate de la próxima semana la aprobación de tres leyes que vuelven del Senado, donde el PP ha impuesto su mayoría absoluta para modificarlas a placer: una para crear una pasarela para que los mutualistas puedan pasar a cotizar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; otra para ampliar el cribado neonatal en el Sistema Nacional de Salud; y una tercera para transferir la titularidad de la Autopista AP-9 a la Xunta de Galicia. Alcanzarán así las 33 leyes.

Además, en el Senado están pendientes otras tres normas de ser aprobadas a la vuelta de verano, la que prohíbe y sanciona las terapias de conversión LGTBIQ+, la que otorga el carácter de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones y una última que reforma el sistema de dependencia. A esto se suma que la Comisión de Trabajo del Congreso dará el visto bueno a un texto para mejorar la cuota de reserva de empleo a personas con discapacidad para remitirlo al Senado y que se está ultimando otra iniciativa, largamente demandada por Sumar, para conceder la nacionalidad a los saharahuis.

Mayorías endebles

La intención del Gobierno de dar la imagen de que siguen trabajando y de que aún hay margen en la legislatura es clara. Solo con estas siete leyes, que están ya a punto de publicarse en el BOE o en la recta final de su tramitación, superan las seis normas que han visto la luz desde septiembre y hasta este momento, un balance legislativo más que escaso y que ha dado buena prueba de la parálisis en la que se ha encontrado el Ejecutivo en el último año y de la debilidad parlamentaria sobre la que se sostiene.

Ante un hemiciclo en el que cada votación ganada se celebra como una victoria pírrica y donde una mayoría le ha señalado a Sánchez el camino de la dimisión, la solución del Gobierno ha sido apoyarse en los reales decretos, los cuales conllevan una negociación mucho más sencilla, aunque también más riesgos. Solo en lo que va de año, el Consejo de Ministros ha aprobado 19 reales decretos, cuatro más que en todo 2025, y ha perdido también cuatro de estas votaciones. El jueves se debatirán los dos últimos, uno con ayudas ante la guerra de Irán y otro sobre la jubilación anticipada del personal laboral de Baleares.

A este ritmo de producción, y con pocos visos de que mejore la aritmética parlamentaria, el Gobierno superaría con creces el número de reales decretos aprobados en prácticamente cualquier año del siglo XXI, acercándose peligrosamente a la treinte, una cifra que solo se alcanzó durante 2020 y 2021 por la necesidad de dar una respuesta rápida a la pandemia de covid-19.

Temas pendientes

La velocidad que ha cogido la actividad parlamentaria en estos últimos dos meses también se ha encontrado con varios obstáculos en forma de socios no muy proclives al entendimiento. El ejemplo claro, como los últimos años, es el rechazo a la senda de estabilidad presupuestaria, que se tumbó esta semana en el Congreso y se volverá a debatir el próximo jueves. También se activará la tramitación del proyecto de ley para condonar la deuda FLA a las comunidades, como guiño hacia ERC.

Pero el Ejecutivo también ha tratado de sacar algunas reformas claves que se le han quedado en el tintero, como la modificación del reglamento del Congreso para regular su relación con los 'lobbies'. En un principio parecía que el bloque de la investidura lograba un acuerdo, pero se ha tenido que echar el freno ante las reticencias de Junts. Más difícil están las negociaciones de una de las leyes estrellas de Sánchez, la que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en la que se han buscado unos primeros acercamientos, pero aún muy lejanos a un acuerdo.

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