El PP eleva al Constitucional sus dudas sobre el Tratado de Amistad con Francia y bloquea su tramitación

A España le está costando más de la cuenta hacerse amiga de Francia. Tres años y medio después de que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reunieran en Barcelona para sellar el primer Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para elevar al Tribunal Constitucional las dudas que le genera el pacto y paralizar su tramitación. En concreto, los populares creen que es inconstitucional el artículo que contempla que cada tres meses, de manera alternativa, un ministro de uno de los países sea invitado a las reuniones del Consejo de Ministros de la otra nación. De nada ha servido la interpretación pactada por los ministros de ambos países para rebajar esos encuentros a reuniones 'ad hoc' "en los márgenes" de las reuniones del Consejo de Ministros.

"Hicieron una auténtica chapuza firmando un trato con Francia sabiendo que no iban a poder cumplirlo porque eran perfectamente conocedores de lo que estipula la Constitución", ha sentenciado en los pasillos de la Cámara Alta la senadora popular María José Pardo criticando el texto que firmó Sánchez. Ya en el hemiciclo, su compañero Miguel Ángel Jerez ha criticado la "actitud irracional y temeraria" del PSOE por no querer consultar al TC ante las dudas y ha ironizado con qué son los "márgenes" del Consejo de Ministros. "Están ustedes retorciendo la seguridad jurídica [...]. Esto es una huida hacia adelante, un ejercicio de escapismo constitucional", ha dicho.

Horas antes era el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha arremetido contra el PP, acusándoles de estar "cruzando una peligrosísima línea roja que es convertirse en un partido antisistema" que quiere "dinamitar" las relaciones de buena vecindad con este "paso realmente inaudito" de acudir al TC. La senadora socialista Concha Andreu ha dejado claro que la interpretación posterior es "oficial" y "formal" y que, por tanto, tiene pleno valor legislativo. No obstante, los populares se han mantenido firmes y han votado elevar una consulta al Constitucional, lo que paraliza la tramitación del tratado a la espera de que haya algún pronunciamiento.

Desde el Ejecutivo entienden que, con esta posición, el PP está cometiendo "una traición a España y los españoles", dando un paso "gravísimo" en las relaciones con el país vecino. En este sentido, tras conocerse el resultado de la votación, Albares denunció que los populares tratan de "boicotear" este tratado con Francia: "nuestro amigo y mayor socio comercial". "Ataca a 330.000 españoles en Francia , 1 M de transfronterizos, 56.000M € de exportaciones anuales. Va en contra de nuestra posición en Europa y la buena vecindad", remachó el ministros.

Los antecedentes

La decisión de los populares se produce tras un largo y tortuoso camino parlamentario. El tratado ya fue rechazado por el Congreso hace más de un año. En aquel entonces, bajo los mismos argumentos, el PP, Vox y UPN votaron en contra y la abstención de Junts y Podemos fue clave para tumbar el texto. Los populares argumentaron que los artículos 13 y 23 de la Constitución limitan la participación de extranjeros en los asuntos públicos del país, aunque ninguno de estos preceptos establece una clara prohibición de que personas extranjeras puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministro.

Desde entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trató de buscar una solución con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot. La solución, plasmada en un intercambio de cartas entre ambos, es que "esa invitación [de un ministro al otro país], cuando tenga lugar, se producirá para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado". De esta manera, daban por zanjado el asunto y las posibles dudas sobre el artículo.

La nueva interpretación sirvió para convencer a Junts y Podemos, que han respaldado la tramitación del tratado durante su paso por el Congreso, pero no a PP, Vox y UPN. El recelo de los populares, como han dejado claro en el debate de este jueves, es que el matiz alcanzado en el canje de notas entre Albares y Barrot no se ha incluido en el texto inicial. No obstante, ahora ya es el Tribunal Constitucional quien tiene la pelota en su tejado, quien debería pronunciarse en un plazo máximo de tres meses, sin contar con agosto por ser inhábil. Hasta entonces, los franceses seguirán siendo conocidos y poco más.

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