El PP lanza una ofensiva parlamentaria exigiendo datos al Gobierno por la regularización de migrantes

Una vez concluido el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes en España, a la que se acogieron más de 1,7 millones de solicitudes, el Partido Popular ha dado el paso de exigir cuentas al Gobierno. Para ello, han requerido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para que informen del desarrollo del proceso y de lo que han considerado los populares una "falta de previsión del Gobierno en el proceso de regularización masiva y su impacto en los servicios públicos", toda vez que el cálculo inicial era de medio millón de solicitudes y se cerró el proceso un total de 1.174.978 solicitantes.

Además, desde el PP han registrado una batería de preguntas (22) parlamentarias centrada en pedir detalles sobre esta regularización “marcada desde su inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes”:

Tras los datos ofrecidos desde Inclusión días después de cerrarse el proceso, desde el PP consideran que hay "falta de datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes presentadas, su distribución territorial, perfil de los beneficiarios y su impacto sobre la Administración y los servicios públicos”.

En este sentido, también han impulsado una proposición no de ley (PNL) para que el Ejecutivo vote a favor del Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y garantice su aplicación efectiva desde que entre en vigor. En concreto, insta al Ejecutivo a “tramitar, con carácter urgente, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para completar la adaptación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español”.

El PP consideran que “las imágenes de largas colas, la insuficiencia de medios habilitados inicialmente y la necesidad de adoptar medidas de refuerzo apenas iniciada la campaña evidencian que el Ejecutivo ha puesto en marcha un procedimiento de enorme alcance sin disponer de una estructura adecuada para poder gestionarlo”.

A ello “se suma la falta de datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes presentadas hasta la fecha, su distribución territorial, los perfiles de los beneficiarios y el impacto que la medida está teniendo sobre la Administración y los servicios públicos”, denuncian los de Alberto Feijóó.

En este sentido, desde el PP cuestionan al Gobierno sobre los estudios realizados del impacto del proceso de regularización en “la demanda de vivienda pública, de servicios sociales y escolarización, saturación de recursos públicos, concentración de población inmigrante en determinadas zonas urbanas, número total de solicitudes y expedientes registrados por comunidad autónoma y provincia, y refuerzos de personal incorporados para gestionar todo el proceso”.

También pide explicaciones por el número de expedientes resueltos, indicando las causas de inadmisión o rechazo de los mismos, y si tiene previsto ampliar el plazo de presentación de solicitudes, además de que detalle cuáles son las diez principales nacionalidades de los demandantes de la regularización, indicando el porcentaje que representan sobre el total.

Además, pregunta cuántas denuncias ha registrado la Administración del Estado relacionadas con falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos, así como “cuántas solicitudes han sido rechazadas hasta la fecha tras comprobarse que los solicitantes contaban con antecedentes penales y cuántas solicitudes corresponde a personas que poseen antecedentes policiales, especificando cuántas de ellas han sido admitidas, denegadas o están pendientes de resolución”.

Respecto a la aplicación del pacto migratorio europeo, el PP reclama al Ejecutivo que remita a las Cortes “un informe detallado sobre el grado de ejecución” de dicho plan; le exige “reforzar de manera inmediata los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a su aplicación” y le pide que impulsar un plan específico que garantice información permanente y participación efectiva de las mismas, “suficiencia financiera y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en las fronteras y sus plazos”.

A la espera del Supremo

Por otra parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, afirmó que el Gobierno espera que el Tribunal Supremo se pronuncie "en estos días" sobre la posible elevación de la cuestión prejudicial relacionada con el proceso de regularización de migrantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de haber presentado sus alegaciones al Supremo través de la Abogacía General del Estado.

Cancela, según Servimedia, defendió la plena legalidad del procedimiento extraordinario de regularización y aseguró que el Ejecutivo está “tranquilo” y "convencido" de que España no ha vulnerado ninguna competencia europea con este proceso. Además, elevó a unas 12.000 las resoluciones de solicitudes vinculadas a la regularización de migrantes que ya han sido aceptadas de forma definitiva, dentro de los más de 600.000 expedientes tramitados en este proceso. El número de aceptadas definitivamente asciende así ligeramente respecto a la semana pasada, cuando dijo que había unas 11.000 en esta situación.

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