Hacienda tienta a las comunidades del PP con un sistema de nueva financiación abierto a incluir sus propuestas

El Gobierno sigue con su hoja de ruta para tratar de sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. Antes de la reunión técnica que se ha fijado para el próximo 14 de julio, el ministerio de Hacienda hará llegar su propuesta detallada a todas las comunidades autónomas. Lo hará entre este miércoles y viernes, según fuentes del departamento. Se trata de un “borrador” y, por tanto, un documento a abierto a cambios. Con ello, el ministro Arcadi España trata de tentar a las comunidades del PP de forma individualizada con la oferta de recoger sus propuestas, analizarlas y debatir su inclusión en el proyecto final.

Las comunidades del PP han actuado en bloque desde que su antecesora en el cargo, María Jesús Montero, puso sobre la mesa la reforma del sistema con hasta 21.000 millones de euros adicionales. Un rechazo generalizado que los consejeros conservadores del ramo volvieron a reiterarar el pasado lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque la financiación no estaba incluida en el orden del día. En el Ejecutivo tienen la convicción de que los territorios se oponen por orden de Génova en contra de sus propios intereses y buscan así fisurar el bloque o, al menos, que deban justificar su rechazo a sentarse a negociar o a recibir más recursos del Estado.

Una estrategia similar a la seguida con la propuesta de un déficit asimétrico para las comunidades autónomas, que interesaría a la Comunitat Valenciana o a Murcia, pero que tiene el rechazo frontal de otros territorios también gobernados por el PP como la Comunidad de Madrid. El propio ministro de Hacienda ha tratado de poner sobre el espejo a las comunidades del PP con esta propuesta al recordar que ya la adoptó en el pasado un gobierno popular y que siempre se defendió desde la Generalitat Valenciana, independientemente del color político.

La posibilidad de abrir una suerte de segunda ronda de negociaciones sobre la reforma del sistema tiene también como objetivo garantizar el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE. La posición más favorable es la manifestada por el Govern de Salvador Illa, mientras que Castilla-La Mancha mantiene fuertes diferencias y Asturias exige cambios de calado para cumplir con sus demandas. Las partes tienen de plazo hasta el próximo 29 de julio, cuando se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera centrado en la financiación y en el que se votará para, después del verano, llevarlo al Consejo de Ministros.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, volvió a afear el pasado lunes antes de participar en el CPFF que el modelo de financiación está "pactado de forma unilateral con una sola comunidad autónoma e, incluso, con un solo partido político", en referencia al acuerdo previo del Gobierno con ERC. Por ello llamó la atención ante la posibilidad que se dé por hecha la aprobación de la reforma sin tener en cuenta el modelo que defienden desde su gobierno regional. Una advertencia que elevó este martes el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro al apuntar que sería "una aberración" que el nuevo modelo se aprobase solo con el apoyo de Catalunya.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha liderado por el socialista Emiliano García-Page consideran "una aberración" que el nuevo modelo se apruebe solo con el apoyo de Catalunya

En Moncloa todavía no tienen claro el calendario para este último paso previo a llevar el proyecto al Congreso y arrancar su tramitación. De hecho, la decisión de dejarlo para después del parón estival supone ya un retraso sobre lo previsto y acorta el margen para poder iniciar el ejercicio de 2027 ya con un nuevo modelo. El ambiente preelectoral con las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo mes de mayo tampoco ayuda a dejar de lado las posiciones de máximos para intentar acercar posturas.

Presupuestos “sociales” con récord de gasto

En el aire está también el desbloqueo de la quita parcial de la deuda autonómica, cuyo proyecto de ley está ya en el Congreso pero pendiente de llevar a votación su toma en consideración. En lo que el Gobierno sí ha metido la directa es en el proceso para la aprobación de los Presupuestos. Este martes se llevó al Consejo de Ministros del techo de gasto y los objetivos de estabilidad, el paso previo imprescindible para la presentación de las cuentas públicas con la que se pretende arrancar el próximo curso político.

Un escaparate electoral que se refuerza por el hecho de que gasto previsto en las cuentas públicas se eleve un 6,6% hasta la cifra récord de 226.032 millones de euros. El propio titular de Hacienda aseguró que este aumento del gasto permitirá diseñar unos Presupuestos con los mayores recursos de la historia en vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista e I+D+i.

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