Zapatero pide que pare la inspección de Hacienda sobre sus joyas, emprendida "unilateral y caprichosamente"

Si una determinada conducta es susceptible de ser delito, y esa conducta está siendo investigada en una instrucción judicial penal, cualquier otra investigación puesta en marcha debe suspenderse en tanto no se resuelva la pesquisa penal. A esa situación se le llama "prejudicialidad penal", y es la base por la que lo abogados del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han pedido en la tarde de este martes que se detenga la investigación anunciada por Hacienda sobre las joyas de su propiedad que encontró la Policía en una caja fuerte.

De hecho la palabra "prejudicialidad", la clave de este movimiento de la defensa de Zapatero, aparece citada quince veces en un recurso de 13 páginas. La defensa de Zapatero ha dirigido dos escritos, uno a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y otra al juzgado de instrucción 2 -o plaza- de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Ismael Moreno.

En el ruego remitido al juez se subraya, en mayúsculas y en negrita, que "la AEAT es plenamente consciente de que ha iniciado un procedimiento inspector que es de todo punto improcedente". El énfasis es tal, que más que afirmarlo, el escrito lo grita. En ese mismo escrito, la defensa de Zapatero sostiene que la inspección sobre él y su esposa, Sonsoles Espinosa, es una decisión tomada por la AEAT "unilateral y caprichosamente".

Parar de oficio

En el entorno de Zapatero consideran que el inicio de la inspección fiscal es "algo constitucionalmente vedado", pues no puede haber dos investigaciones sobre el mismo objeto a la vez si una de ellas es penal. En ese sentido, la inspección fiscal debe declararse nula, según los escritos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En opinión del equipo legal que defiende al expresidente, la Agencia Tributaria debería suspender esa actuación de oficio.

A los inspectores de la Delegación de Hacienda en Madrid, uno de los escritos de Zapatero les recuerda que, en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno investiga la posible relevancia penal de supuestos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando en torno a la posesión de las famosas joyas.

No haber declarado esas joyas, valoradas por un peritaje de los gemólogos de la joyería Ansorena en más de 1,3 millones de euros, podría haber supuesto faltas cometidas por el matrimonio en la declaración del IRPF, la del IVA, el impuesto de donaciones o la del impuesto sobre el patrimonio. Por estas figuras, y por el posible delito de contrabando, Zapatero está llamado a declarar como investigado.

Esa citación ya supone el inicio de la investigación penal, sostiene la defensa de Zapatero, antes de que comenzara la investigación de Hacienda. El auto fue emitido por el juez el 12 de junio pasado; tres días después, el día 15, la Agencia Tributaria le notificó a Zapatero el inicio de dos inspecciones fiscales.

Argumenta además el escrito dirigido a Hacienda que "la continuación de la inspección en esos términos coloca al obligado tributario (Zapatero en este caso) en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con la AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa".

Al Juez Moreno, los representantes de Zapatero le advierten de que la continuación en marcha la inspección fiscal a la vez que la penal "haría decaer los derechos fundamentales" del expresidente, "vulnerando la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal".

Suscríbete para seguir leyendo