El PSOE plantea sanciones de hasta 2.000 euros para los diputados que sean expulsados del pleno

La imagen del diputado de Vox José María Sánchez García encarándose con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en un momento en el que ejercía las funciones de presidente de la Cámara Baja, llevó a Francina Armengol a pedir a los partidos una reforma del reglamento para poder sancionar este tipo de actitudes. El PSOE ha sido el primero en responder con una propuesta de modificación de las normas que recoge la suspensión de los derechos del parlamentario y sanciones de hasta 2.000 euros.

El episodio vivido a mediados de abril, cuando Sánchez García subió a la tribuna presidencial para enfrentarse a Gómez de Celis dejó patente que el Congreso dispone de pocas herramientas para hacer frente a estos actos. La decisión que tomó Gómez de Celis fue expulsar al parlamentario de Vox de la sesión, con lo que no pudo votar ni participar en el pleno durante esa semana. Sin embargo, las normas no permiten tomar decisiones sancionadoras a posteriori y solo habilitan a suspender a un diputado de su condición como tal "en el acto", algo que nunca ha ocurrido.

Los socialistas plantean la reforma de dos artículos del reglamento para solucionar esta situación. Por un lado, introducen un nuevo apartado en el artículo que regula la posible suspensión temporal de un diputado que hace referencia a aquellos parlamentarios que "con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera, en el recinto parlamentario, violencia o intimidación graves sobre la Presidencia o la Mesa [...] o sobre el cuerpo de letrados o ujieres". Este último añadido se debe a que Sánchez García también se encaró con una letrada ese mismo día.

En el caso de que esto ocurra, la Mesa del Congreso elaborará una propuesta motiva que deberá ser sometida a la consideración del pleno en una sesión secreta. Es decir, será el pleno quien tome la decisión final sobre si suspender o no a dicho diputado, como ocurre con los suplicatorios. Según recoge el reglamento actual, la extensión y duración de las sanciones será establecida por la Mesa en su propuesta.

Multas económicas

Con el punto anterior, los socialistas pretenden dotar de herramientas para hacer frente a actitudes como la de Sánchez García. No obstante, proponen otra reforma de carácter más disuasivo: sanciones económicas para aquellos que sean llamados al orden en tres ocasiones y, por lo tanto, expulsados del pleno o de una comisión. En concreto, plantean que habrá una sanción de 1.000 euros para aquellos que sean expulsados y de 2.000 si el parlamentario "no atendiere al requerimiento de abandonar el salón de sesiones".

De todas formas, no suelen ser habituales las expulsiones en las sesiones plenarias. En lo que va de democracia, solo ha habido tres: Vicente Martínez Pujalte (PP), en 2006, Gabriel Rufián (ERC) en 2018 y la reciente de Sánchez García. Alguna más ha ocurrido en comisión, como la de Macarena García (Vox), pero no suele ser habitual que la tensión llegue hasta tales extremos y los diputados suelen rebajar el tono tras los primeros apercibimientos.

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