La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso y paraliza la declaración de su sede de Gobierno como lugar de memoria

La Audiencia Nacional ha paralizado de forma cautelar el acuerdo de octubre de 2025 por el que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática declaró la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la madrileña Puerta del Sol como lugar de Memoria Democrática por alojar durante la dictadura franquista la Dirección General de Seguridad, que se convirtió en un instrumento de represión del régimen hasta 1979. El Gobierno ya ha anunciado que recurrirá esta resolución.

“No puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa" señalan los magistrados en su resolución, que da la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La decisión cuenta con el voto particular de uno de los magistrados, Luis Helmuth Moya, que discrepa de sus compañeros y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía "ni se podía siquiera imaginar que existiese".

Ya el pasado mes de julio el propio Tribunal Constitucional levantó la suspensión que inicialmente había decretado en relación con de la norma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que impide que la Real Casa de Correos sea lugar de memoria democrática y se coloque en el lugar una placa mientras resuelve sobre el fondo de este asunto en concreto.

Mala imagen

Por lo que respecta a la decisión comunicada este lunes por la Audiencia Nacional, afecta al procedimiento contencioso-administrativo iniciado por el Gobierno de Díaz Ayuso contra las pretensiones del Ejecutivo central. Así, los magistrados Amalia Basanta, Nieves Buisan y Fernando Luis Ruiz Piñeiro concluyen “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la CAM, la medida cautelar solicitada se evidencia como pertinente”.

A lo anterior se suma, apunta el auto, que la declaración de Lugar de Memoria Democrática puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan en el mismo. “Dichas actividades exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina “oficinas administrativas” (SIC) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la Sede de la presidencia de la CAM”. La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos, aconseja también desde este punto de vista la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso. 

La Audiencia recuerda que la declaración de Lugar de Memoria Democrática implica la colocación de placas, paneles o “distintivo memorial interpretativo”, así como “señalización” de dicho espacio en el que se pretende, además, integrar “este lugar de memoria en los circuitos internacionales”. A lo anterior se añade, señalan los jueces, que no se altera el uso actual del edificio, pero a la vez se afirma “que cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria”.

En cuanto a la paralización de los trámites para que el edificio de Sol sea lugar de memoria, al ser algo provisional a juicio de los magistrados no produce una perturbación grave de los intereses generales .“Nos encontramos -advierte- con dos intereses públicos en conflicto, el que defiende la Administración General de Estado y el que defiende la Comunidad Autónoma de Madrid, si bien tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado”.

"El transcurso del tiempo no perjudica la finalidad del acuerdo. Por el contrario, la efectividad de dicho acuerdo sí puede provocar un perjuicio difícilmente reversible a la Comunidad de Madrid, en los términos expuestos”, añaden, para concluir que además este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicita la Comunidad Autónoma de Madrid.

Voto discrepante

En su voto particular, el magistrado Moya no comparte el criterio de la mayoría en relación con la afectación negativa a la imagen institucional de la Comunidad de Madrid por la declaración del edificio como lugar de Memoria Democrática y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese. “Al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar, como los histórico-artísticos resaltados por los académicos, por los que el edificio pueda incluso ser más conocido por los estudiosos y público en general, ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”, alas medidas su texto discrepante.

Para este magistrado, “la interrupción de las medidas para potenciar la memoria democrática y el retraso consiguiente en el despliegue de la acción de reparación, sí perjudica la finalidad perseguida por el acto impugnado" en el marco descrito en la Ley de Memoria, "transmitiendo a las víctimas sensaciones de desazón e incredulidad, y proyectando una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de superación de los episodios oscuros de su pasado”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado en la red social X que la Audiencia Nacional no entra en el fondo de la cuestión, y que el Gobierno sigue defendiendo que declarar lugar de memoria la Real Casa de Correos afecta a los usos de ese edificio. Por ello recurrirán basándose en lo señalado en el voto particular. "Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar. Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea ‘Lugar de Memoria’, aunque sea por humanidad. Y estamos convencidos de que así lo acabará reconociendo la Justicia. Tiempo al tiempo", agrega en su mensaje.

Queja ante el Consejo

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja contra la decisión adoptada por la Audiencia Nacional ante el Consejo General del Poder Judicial --de escaso recorrido, al tratarse de un asunto jurisdiccional sobre el que el Consejo no puede entrar-- al considerar que un órgano judicial democrático no puede atender a cuestiones estéticas. "Sus funciones no son velar por la imagen de marca de la presidencia de la Comunidad de Madrid", señalan en su escrito.

Piden una "disculpa pública" hacia las víctimas torturadas por el franquismo. "Que representantes del Poder Judicial de una democracia quieran seguir escondiendo los crímenes de la dictadura y consideren su divulgación pública desde criterios estéticos explica lo alejados que se encuentran algunos magistrados de una ética de los derechos humanos que debe marcar y enmarcar sus deberes judiciales", agrega la queja.

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