El Gobierno evita dar munición al PP en las andaluzas y congela la quita de la deuda, la financiación y el IRPF

El Gobierno ha dejado en el cajón las carpetas de Hacienda más susceptibles de lastrar a María Jesús Montero en la campaña andaluza. La de la financiación autonómica se retomará después de las elecciones, activando las reuniones técnicas con las comunidades autónomas, mientras que se ha decidido pausar también el impulso en el Congreso la de la quita de la deuda. Asuntos todos ellos que desde el Partido Popular han alimentado con el discurso del agravio comparativo. El hecho de tratarse de compromisos previamente pactados con ERC da munición a los populares andaluces para referirse a las “cesiones a los independentistas” de quien fue hasta la convocatoria electoral vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Si bien desde el Ejecutivo defienden que tanto la financiación autonómica como la quita parcial de la deuda autonómica beneficia a todas las comunidades, han preferido evitar interferencias en campaña. De este modo, se ha optado por prorrogar el plazo de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley para suavizar el endeudamiento de las comunidades autónomas, evitando su debate en el pleno del Congreso.

En un principio, el objetivo del Ejecutivo era poder aprobarla en el mes de abril, pese al rechazo del PP. Desde el departamento de Hacienda, que dirige ahora Arcadi España, señalan esta medida como una de sus prioridades, pero evitan poner fecha para su impulso en plena campaña electoral. En Génova retan a los socialistas a explicar que, según interpretan, se beneficie más a Catalunya que a Andalucía con estas medidas para poner así en duda la participación en la campaña electoral de María Jesús Montero del president de la Generalitat, Salvador Illa.

“Explica en Andalucía que llevas a Illa, a quien has dado una propuesta de financiación mejor que la que le has dado a Andalucía”, ironizaba esta semana un dirigente popular. “Hay argumentos de sobra para defender el nuevo modelo”, señalan los socialistas por su parte. “La financiación autonómica es pagar por ejemplo la factura farmacéutica”, aseguran.

Andalucía y Catalunya son las dos comunidades autónomas más beneficiadas por la quita, haciéndose el Estado cargo de 18.791 millones de euros en deuda en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda. En lo referente al nuevo modelo de la financiación autonómica, Andalucía y Catalunya volverían a ser las comunidades más beneficiadas, incrementando sus recursos en 4.846 y 4.686 millones de euros más, respectivamente.

El titular de Hacienda defendía durante la precampaña que la nueva propuesta “beneficia al conjunto de todas las comunidades autónomas. Nadie pierde, todas ganan y ponen 21.000 millones de euros adicionales del Gobierno de España para el Estado del bienestar, que al final es eso para lo que son recursos para las comunidades autónomas, además de que el modelo es más transparente y reduce las distancias en financiación 'per capita' entre distintos territorios”. Con todo, su pretensión es agendar las reuniones bilaterales de carácter técnico con las comunidades autónomas para abordar el futuro proyecto de ley después del 17 de mayo.

El IRPF “ahora no toca”

Después de esta ronda, se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde el nuevo modelo de financiación se someterá a votación de los territorios. El siguiente paso será elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación y arrancar la tramitación parlamentaria.

En el Gobierno también han evitado avanzar en las conversaciones con ERC sobre la gestión del IRPF, un compromiso adquirido con los republicanos para la investidura de Salvador Illa. Con unas líneas rojas claras, alejan la pretensión de ERC para su cesión integral y zanjan que “ahora no toca”. Desde Moncloa, además, dicen identificarse solo con el acuerdo que alcanzaron con la Generalitat y en el entorno del nuevo ministro de Hacienda rechazan la propuesta de los republicanos.

La alternativa que están dispuestos a discutir desde Hacienda es la de un modelo “en red” que sea extensible a todas las comunidades autónomas. Todo ello, desde el principio de la “igualdad de todos los españoles”.

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