PP y Vox afrontan el último mes para cerrar el pacto o volver a elecciones en Extremadura

Se agota el tiempo: acuerdo antes del 4 de mayo o nuevas elecciones. Tras el parón de Semana Santa, el PP y Vox encaran una fase decisiva para desbloquear la gobernabilidad en Extremadura. A menos de un mes de que expire el plazo legal que abocaría a la región a una repetición electoral sin precedentes, ambas formaciones exhiben sintonía a nivel autonómico, pero el choque abierto entre sus direcciones nacionales amenaza con dificultar un acuerdo ya al límite tras una primera investidura fallida de María Guardiola.

El contexto convierte a Extremadura en uno de los escenarios políticos más sensibles del país. No solo porque fue la primera comunidad en acudir a las urnas en este nuevo ciclo electoral, sino porque el modelo de acuerdo que salga de Mérida puede servir de referencia para otros territorios donde PP y Vox también se necesitan para gobernar. Ese papel de campo de pruebas ya había quedado marcado antes de Semana Santa, cuando ambas formaciones retomaron formalmente la negociación y tras una reunión "técnica", admitieron avances en materias de contenido político, aunque sin llegar a cerrar todavía un pacto definitivo.

Choque nacional

La principal novedad en este arranque de semana no ha sido tanto un avance concreto como el tono. Mientras en el ámbito nacional Vox y el PP han vuelto a cruzarse reproches públicos, en Extremadura ambas partes se han esforzado en transmitir que la negociación sigue viva, que existe interlocución y que la voluntad de acuerdo se mantiene. Esa diferencia de clima es, ahora mismo, uno de los elementos más llamativos del proceso.

Desde Vox Extremadura, el diputado Juan José García aseguró este lunes que su partido sigue trabajando «codo con codo» con el PP: insistió en que hay «reuniones», «flujo de información» y «voluntad de acuerdo» para sacar adelante un gobierno en la región. Sin entrar en detalles, remarcó que la negociación se está llevando «punto por punto, medida por medida, presupuesto por presupuesto» y que la discreción es, por ahora, la norma.

Negociación «minuciosa»

En el PP extremeño el mensaje ha ido en la misma línea. Su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, evitó concretar plazos o confirmar nuevas reuniones, pero subrayó que la negociación sigue abierta y que se está desarrollando «muy al detalle y de manera minuciosa», con el deseo de que el acuerdo pueda cerrarse «cuanto antes».

Ese tono contrasta con la escena nacional. El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, volvió a acusar este lunes a la dirección del PP de poner «zancadillas» a los acuerdos autonómicos y de dañar la confianza con filtraciones y exigencias sobrevenidas, aunque al mismo tiempo reconoció una «mejor predisposición» al diálogo por parte de los presidentes autonómicos del PP que por parte de Génova.

El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, respondió reclamando que los gobiernos se formen «cuanto antes» para evitar el «bloqueo». Bravo vuelve a situar Extremadura como el primer escenario que debe resolverse, a tenor de que la comunidad ha sobrepasado los tres meses con un gobierno en funciones.

Extremadura, campo de pruebas

Ya antes de Semana Santa, PP y Vox habían escenificado en Mérida una reunión con «absoluta lealtad» y «absoluta sintonía» en materias como fiscalidad, vivienda o gestión forestal, aunque descartaron entonces poder cerrar un acuerdo antes del parón festivo. Vox, por su parte, había apreciado días antes una «clara voluntad» en María Guardiola para alcanzar un «buen acuerdo», sin fijar plazos pero admitiendo que el entendimiento era posible.

Todo ello refuerza la idea de que Extremadura se ha convertido en el laboratorio del nuevo equilibrio entre ambos partidos. Aquí se está probando no solo un eventual programa de gobierno, sino también una forma de relación política entre dos socios obligados a entenderse en varias comunidades, pero tensionados por una estrategia nacional mucho más áspera. De hecho, la propia dirección del PP llegó a implicarse en febrero para facilitar los acuerdos en Extremadura y Aragón, consciente del riesgo de repetición electoral y del coste político del fracaso.

Críticas del PSOE

En paralelo, el PSOE ha aprovechado el reinicio de la actividad política para elevar la presión sobre Guardiola, a quien cargan de toda la responsabilidad del bloqueo. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, recordó ayer que falta menos de un mes para que se active la repetición electoral y sostuvo que la presidenta en funciones y «sus ausencias» están frenando el desarrollo de la región.

A su juicio, el fracaso de Guardiola «no tiene precedentes»: cada día que pasa sin gobierno deja a Extremadura más sumida en la incertidumbre y dependiente del pulso político de Madrid.

En este escenario, la clave de los próximos se sitúa en la capacidad de PP y Vox para traducir esa sintonía verbal que exhiben en Extremadura en un cierre político real. El PP insiste en que lo lógico es que María Guardiola vuelva a ser presidenta y en que la voluntad mayoritaria de los extremeños pasa por poner en marcha un gobierno estable cuanto antes. Vox, mientras tanto, mantiene el discurso de la negociación «medida a medida» y evita dar por hecho ningún desenlace.