Sumar presiona en el Gobierno para sacar un escudo social por la guerra de Irán que incluya medidas antidesahucios

El Gobierno estudia ya las medidas sociales que impulsará para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán y tras el choque con EEUU, tal como planteó en 2022 con la crisis inflacionista de la invasión de Ucrania, en un decreto que reconvirtió el llamado 'escudo social' aprobado en 2020 por la pandemia de covid. Un paquete de medidas que Sumar, socio minoritario de la coalición, presiona por reeditar e incluir en él propuestas que ya estuvieron presentes con el conflicto ucraniano, como el tope al gas, pero también las medidas antidesahucios que a día de hoy no tienen apoyo parlamentario después de que Junts ya lo tumbara en el Congreso la semana pasada, cuando el Gobierno lo llevó en forma de decreto.

El partido de Yolanda Díaz emitió este martes un comunicado reclamando una serie de medidas y advirtiendo de que es "obligación" del Gobierno evitar que familias y trabajadores "paguen las consecuencias de la guerra". Así, la formación -minoritaria dentro de la coalición de izquierdas- reclama un nuevo escudo social apelando al precedente en el conflicto ucraniano. "Lo hicimos en el año 2022 (...) y funcionó, Ahora tenemos que volver a hacerlo". En rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda ya avanzó su intención. "Ya se nos cayó once puntos del PIB, ya lo hemos hecho", defendió desde el palacio de la Moncloa. "Vamos a trabajar en la pérdida de poder adquisitivo, en la pérdida de las empresas, sostenimiento de los puestos de trabajo, tenemos experiencia acumulada", insistió.

En su propuesta, el partido presenta medidas en materia económica, como la puesta en marcha del mecanismo de los ERTE para empresas afectadas; el "control de los precios energéticos" para evitar un "crecimiento injustificado" de los beneficios de las empresas o restablecer la excepción ibérica, con un tope al gas para evitar la subida de precios. Este mecanismo, de carácter temporal, ya se puso en marcha en España y Portugal en 2022, tras estallar la guerra en Ucrania, después de que la Comisión Europea lo aprobase.

También reclaman desplegar "un nuevo escudo social" con medidas como el bono energético o la prórroga de los alquileres, algo que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen puso en cuarentena este martes tarde en el Senado. “Todavía es precipitado hablar de ello", defendió.

La petición de crear un nuevo paquete de medidas es compartida por los partidos de Sumar, pero genera dudas en Moncloa, donde advierten de que lo principal para aprobar medidas será tener las mayorías suficientes para convalidarlas después en el Congreso. "Necesitamos que le parezca bien a todos socios", apuntan desde el ala socialista, que se muestran firme en su voluntad de recabar las mayorías previamente para asegurar el nuevo paquete de medidas. Este martes también mostraban cierto escepticismo sobre la posibilidad de vincular el escudo social al conflicto con Irán, al considerar que "es añadir una variable" que podría dificultar el apoyo de los socios.

En la coalición de Sumar, los distintos partidos coinciden en tratar de rescatar para este nuevo escudo social la suspensión de los desahucios que ya decayó la semana pasada. La portavoz del Gobierno, la socialista Elma Sainz, avanzó en el Consejo de Ministros que estaban preparando normas para "acompañar al tejido productivo, a las empresas y a los españoles", pero advirtiendo de que aún trabajaban por "aunar mayorías" para lograr su posterior convalidación en el Congreso. En el ala socialista del Gobierno condicionan la aprobación de cualquier decreto a que tenga los votos suficientes. "Vamos a llegar algo que pueda salir", defienden en Moncloa.

Tampoco tirarán la toalla para intentar salvar las medidas del paquete relativas moratoria antidesahucios, el bono social eléctrico o la prohibición de cortes de suministros a las familias vulnerables, tal como pide Sumar. Sin embargo, se muestran cautos y reclaman tiempo para hablar con sus socios y asegurar los números. La principal dificultad tiene que ver con el escudo antidesahucios, que Junts rechaza y otros socios del arco progresista señalan su prórroga como línea roja.

Frente a la cautela del PSOE, en el ala minoritaria del Gobierno trata de dejar su impronta en el nuevo paquete de medidas y reclama abiertamente incluir dentro del nuevo escudo social el decreto antidesahucios que ya tumbó el partido de Carles Puigdemont, cuyos siete votos son necesarios para su aprobación.

Una vez que decayó el escudo social el pasado jueves, los juzgados ya empiezan a recibir peticiones para reactivar los lanzamientos de desahucios a familias vulnerables que llevaban suspendidos desde hace cinco años. Una medida que, creen en la coalición de izquierdas, va a pesar en las filas de Junts, y sobre todo en sus cuadros municipales y alcaldes, que afronten en primera línea esa realidad. Así, son partidarios de incluir esta suspensión de desahucios en el nuevo escudo social porque consideran que la presión hará mella en el partido de Puigdemont y se verán obligados a apoyarlo, al incluirse también otras medidas que alivien la deriva inflacionista del conflicto, ante la subida del combustible que ya se ha dejado notar en las últimas horas y que prevé ir a más.

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