Una víctima del genocidio palestino pide en la Audiencia Nacional poder acusar a Sidenor por su presunta complicidad con Israel

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha podido escuchar de primera mano al médico gazatí Refaat Alathamna, solicitante de asilo en España, en qué condiciones vivieron tanto él como su familia los dos años que soportaron los bombardeos israelíes de la franja. En ese tiempo, él, que trabajaba como médico de un hospital europeo, su esposa y sus seis hijos tuvieron que desplazarse hasta en 12 ocasiones de forma forzosa. Alathamna, que lleva tres meses en España, se ha convertido en la primera víctima del genocidio palestino que declara en un juzgado occidental.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 acordó tomarle declaración para determinar si cumple con la “condición de víctima” en el caso en el que la Audiencia Nacional tiene imputados por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos de sus directivos por la venta de más de 42 toneladas de acero a las compañías Israelíes Military Industries (IMSI) e Israel Weapons Industries con conocimiento de que se trata de fabricantes de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

El propio De Jorge imputó a los responsables de la empresa vasca durante las negociaciones que mantuvo para hacerse con Talgo, tras admitir a trámite una querella la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en representación de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel". Esta parte reclama que el caso abandone la Fiscalía de la Audiencia Nacional y pase a la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dado que el ministerio público se ha opuesto a la declaración de Alathamna, pese a ser imprescindible para que ejerza la acusación particular en la causa y las pesquisas puedan seguir adelante en España.

"Obuses", una prueba clave

También ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los registros realizados en la sede de Sidenor, en Basauri (Vizcaya), en los que la Policía intervino una cadena de correos electrónicos en el despacho de uno de los directivos imputados en el que aparece la palabra "obuses", lo que acreditaría que la siderúrgica "tenía pleno conocimiento de que el acero exportado a empresas armamentísticas israelíes iba destinado" a su fabricación, según una nota de la Comunitat Palestina de Catalunya, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en representación de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel".

El correo fue intervenido en el despacho del director comercial de Sidenor, Iñigo Molero, imputado junto a su presidente, José Antonio Jainaga. En él aparece una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para "obuses", e Israel Weapon Industries como otra de las empresas destinatarias. La cadena, cuya última fecha es del 5 de marzo de 2025, se refiere al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante el año anterior.

Al término de la declaración de Alathamna, el abogado de la acusación, David Aranda, ha destacado que se trata de “la primera vez que una persona palestina que ha sufrido el genocidio de Gaza declara ante un tribunal occidental por los hechos sucedidos", lo que considera "muy importante y puede ser una primera piedra a nivel jurídico para futuros casos". "Nos sorprende la actitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien no solo ha recurrido la diligencia de hoy, sino que tampoco ha estado presente para escuchar el testimonio de Refaat, que ha sido conmovedor. Teníamos la esperanza de que la fiscal pudiera venir hoy aquí y que después de escuchar su relato, pudiera retractarse de sus propias palabras", ha señalado.

Preferencia de la Corte internacional

Fuentes fiscales señalan a EL PERIÓDICO que el procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 1 tendrá que archivarse, dado que hay una causa en la Corte Penal Internacional que tiene preferencia sobre las nacionales e impide la apertura de nuevas investigaciones por el delito de genocidio o de lesa humanidad que ha podido cometer el Gobierno de Binyamin Netanyahu contra el pueblo palestino.

Por su parte, Nadwa Abou Ghazalah, representante de la campaña "Fin al Comercio de Armas con Israel", ha reclamado que "el procedimiento judicial continúe sin interferencias y que se practiquen todas las diligencias necesarias para determinar la eventual responsabilidad penal de los directivos de Sidenor y de la propia empresa", que reclama sea excluida "de cualquier proceso de contratación pública y del otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas, hasta que se esclarezca su participación en los delitos" denunciados. También aboga por que los tribunales "investiguen a aquellas empresas que tengan acuerdos comerciales con empresas israelíes del sector armamentístico en la venta de materiales de doble uso", así como la tramitación de las enmiendas presentadas "para un embargo integral de armas a Israel.”

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