El Gobierno actúa de "bisagra" entre Junts y Podemos para desbloquear la delegación de competencias migratorias

El Gobierno ha comenzado a intercambiar papeles con Podemos para intentar desbloquear la ley de delegación de competencias en inmigración a Cataluña y cumplir este compromiso con Junts, según confirman fuentes de la negociación de ambos lados de la mesa. El veto de los cuatro diputados morados hizo que la norma, presentada conjuntamente por PSOE y Junts, decayese al sumarse al rechazo de PP y Vox. A cambio de que reconsiderasen su voto en contra y se abriesen a buscar un punto de encuentro, el Gobierno pactó con la formación de izquierdas la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes.

Una ventana de oportunidad en la que, según fuentes socialistas de las negociaciones, tratan de situarse como “bisagra” entre Podemos y Junts para sortear sus vetos cruzados. La complejidad, sin embargo, no es solo que los de Ione Belarra quieren eliminar las referencias que consideran “racistas” tanto del preámbulo como del articulado, sino que en el PSOE reconocen su falta de interlocución con los posconvergentes. Con todo, confían en encajar un texto que acerque posiciones entre ambos, sin renuncias en la base del proyecto que se sometió a votación del Congreso el pasado mes de septiembre.

Desde Podemos se limitan a trasladar que están hablando con el Gobierno para desbloquear esta carpeta. La discreción autoimpuesta también desde el Ejecutivo tiene que ver con evitar escenificaciones durante el proceso de negociación que vuelva a empujar las posiciones de máximos. De hecho, esta no es la única carpeta bloqueada por la negativa de los morados a rebajar su listón.

Este mismo miércoles mantuvieron una reunión en el Congreso miembros del Ejecutivo y del grupo parlamentario EH Bildu para dar seguimiento al principio de acuerdo al que llegaron para derogar algunos de los artículos de la ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como ‘ley mordaza’. Se constató en dicho encuentro la falta de apoyos para sacar adelante la reforma, principalmente por el desacuerdo de Podemos. “Hay dificultades, no están por la labor”, señalaban fuentes de las negociaciones.

En Moncloa ponen especial empeño en sacar adelante la delegación de competencias migratorias al entender que ayudaría a acercar posiciones con Junts. Sobre todo, de cara a la presentación de los Presupuestos. El plazo para ello sigue siendo este primer trimestre del año. En Hacienda aseguran que ha habido avances con todos los grupos, pero reconocen una “dificultad objetiva” con los posconvergentes. El otro asidero al que se agarran en el Ejecutivo es que el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña ante la hipotética aplicación de la ley de amnistía permita recuperar la relación.

Avances en el consorcio de inversiones

En lo que tampoco ha habido concreciones por el momento es en la publicación de las balanzas fiscales, otro de los guiños dirigidos a Junts. En Hacienda aluden a la complejidad y reconocen que no están avanzando al ritmo que les gustaría. Sin que estén garantizados los apoyos cruciales de Junts, el Congreso votará la próxima semana el decreto del escudo social, después de sacar a los pequeños propietarios de la moratoria antidesahucios para intentar atraer a los independentistas.

Sobre lo que sí destacan avances desde el Gobierno es en la negociación con ERC para la creación de un consorcio de inversiones. Se trata de una medida incluida en el acuerdo de investidura (“comisión de inversiones”) y en la que el ministerio de Transportes está trabajando con la vista puesta en que de crearse este organismo paritario entre el Estado y la Generalitat se centre en garantizar la ejecución y mejorar conjuntamente la planificación de infraestructuras. En Hacienda siguen resistiéndose a la delegación para la recaudación del IRPF, y entienden que un acuerdo respecto al consorcio podría rebajar la insistencia de los republicanos.

El Gobierno va encajando las piezas para recuperar la mayoría de investidura de cara a las cuentas públicas, a la falta de Junts. De ahí la pretensión de seguir avanzando en los acuerdos de investidura pendientes con esta formación, sin dejar de redoblar las cesiones a otros socios. Desde la financiación autonómica pactada con ERC al acelerón de las transferencias de competencias al PNV, que acumula la mitad de las aprobadas esta legislatura, hasta la prórroga del escudo social acordado con EH Bildu y la regularización de migrantes con Podemos.

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