Pacto entre Justicia y la Audiencia Nacional para cortar la "sangría" por el cese de funcionarios

La Audiencia Nacional ha logrado un acuerdo con el Ministerio de Justicia que permitirá frenar la "sangría" de funcionarios --por ceses, traslados o vacaciones-- que estaba empezando a afectar al trabajo diario de hasta tres de sus juzgados de instrucción, cuyos titulares, que tramitan causas de especial complejidad, habían advertido a las partes de los procedimientos afectados de "demoras" por falta de personal.

En recientes providencias, los jueces Francisco de Jorge -- instructor de la causa por narcotráfico que afecta a un ex inspector de la UDEF-- Santiago Pedraz -- caso hidrocarburos o caso SEPI-- y Antonio Piña --que heredó la macrocausa contra el excomisario Villarejo tras la jubilación de Manuel García Castellón-- notifican a la partes personadas en estos y otros casos actualmente en instrucción de que el "proceso de consolidación de plazas" y "estabilización por concurso" de los funcionarios ha producido un problema de falta de personal suficiente en sus juzgados.

En este marco, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha anunciado este martes que se ha acordado "una transición organizada en el marco del proceso de estabilización de las plazas", para cortar así la salida de un número significativo de funcionarios en el nuevo tribunal central de instancia. Concretamente, el Ministerio ha autorizado que 14 de estos funcionarios se mantengan en sus actuales puestos como refuerzo y puedan realizar la transición con los nuevos titulares de esas plazas para poder dar continuidad a la tramitación de las causas.

Nuevos juzgados

El peligro de colapso en la Audiencia Nacional es recurrente, y de hecho a finales del pasado mes de enero desde este órgano se reclamó al Consejo General del Poder Judicial que, "con carácter urgente", se estudie la creación de dos nuevos juzgados centrales por "inasumible carga de trabajo" para los seis existentes. Para la Sala de Gobierno de la Audiencia es "inexplicable" que el último juzgado central de instrucción, el sexto, se crease en 1997, hace casi 30 años, y por ello ha reiterado al órgano de gobierno de los jueces la necesidad de crear dos más.

Por lo que respecta al problema de falta de funcionarios Fernández ha hecho público el acuerdo de refuerzo por su interés en "enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad, en general, y a los ciudadanos y profesionales, en particular", especialmente los afectados en primer término por las consecuencias que se derivarían de una paralización en la tramitación de las causas.

“Quienes conformamos la Audiencia Nacional reiteramos nuestro compromiso con una justicia ágil y de calidad. Para ello se solicitó la adopción de diversas medidas de refuerzo que, tras su aprobación por el Ministerio de Justicia, están ya operativas. Y deseamos también un aumento del número de magistrados, que en el orden penal se concreta en dos magistrados más de Instrucción y cuatro para la Sala de lo Penal, plazas pendientes de aprobación definitiva”, ha señalado.

En cuanto a la situación de los juzgados, el juez Piña decía en sus providencias, adelantadas por la Cadena Ser, que en su juzgado "se ha producido el cese, hasta la fecha, de seis funcionarios". "Los cuales previo a su cese han tomado las vacaciones que les correspondían, produciéndose un periodo temporal de aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas", indica.

Agregaba que el órgano del que es responsable está "sobrecargado con múltiples macroprocesos, hace imposible la asignación" de los mismos "a los funcionarios actuales", lo que "va a conllevar que cualquier consulta que se realice sobre los mismos provoque demoras en su resolución".

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