Falta de normas, asignaciones forzosas y diferencia entre comunidades: el complicado arranque de los tribunales de instancia

El pasado 2 de enero, y pese a haberse solicitado prórrogas para territorios como País Vasco y Asturias, los juzgados de casi todo el país comenzaron a implementar un revolucionario cambio en su forma de trabajar. Desaparecen los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con su juez titular al frente, su antiguo secretario judicial y un grupo de funcionarios a su servicio, y comienzan a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir. Se busca ganar eficiencia, según el Ministerio de Justicia.

Ningún cambio es fácil, pero los operadores jurídicos consultados por EL PERIÓDICO cuando se cumple un mes de la puesta en marcha de la última fase de implantación del sistema a nivel nacional hablan de improvisación y desconcierto, debido sobre todo a la falta de medios y de normas claras.

Se están dando incluso asignaciones forzosas entre los letrados de la administración de justicia que deben hacer la función de director de las nuevas oficinas judiciales, debido al exiguo complemento salarial con que dota el Ministerio esta nueva responsabilidad (unos 2.00 euros al año). "El Gobierno piensa que con poner el cambio en el BOE esto se ha acabado y nos deja nadando a nuestra suerte a ver quien no se ahoga", describe a este periódico Ernesto Pedro Casado Rodríguez, que preside el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Se trata del colectivo que está soportando de forma más directa el peso de los cambios, al ser los responsables de organizar la oficina judicial que da sustento al colectivo de jueces de cada tribunal de instancia. Las asociaciones que les representan profesionalmente, y también las de jueces, se quejan de que los cambios se han aplicado de forma apresurada y de que faltan medios materiales y también personales pese a que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se aprobó ahora hace un año y ha tenido dos fases de aplicación previa en juzgados y partidos pequeños.

Quejas en redes sociales

Durante los primeros días de puesta en marcha del nuevo sistema algunas redes sociales, como X, se llenaron de post y fotografías de abogados denunciando la situación algo caótica que encontraban en los juzgados a la hora de interesarse por sus expedientes, ya que no encontraban a quién había correspondido ahora la tramitación de sus asuntos.

Este tipo de quejas se siguen subiendo a las redes todavía mes después, como la de un magistrado que este mismo lunes ilustraba una foto de una oficina vacía con este mensaje: "Llego hoy a trabajar y me encuentro esto. Ni rastro de los funcionarios. He tenido que ir pasillo por pasillo buscando a los que ahora llevan mis números".

"Si quiero entregar un expediente de instrucción, tengo que bajar de planta e ir al otro extremo del edificio. Si quiero hablar de un monitorio, tengo que ir a mi planta al medio del edificio. Si tengo que suspender un verbal y un incidente de ejecución, tengo que buscar al funcionario de declarativos y al de ejecución. Hoy con la tontería 3 km andados buscando y entregando expedientes. A lo mejor nos ven regordetes y quieren que hagamos más cardio….", bromeaba

Diferencias por territorios

Otro obstáculo son las diferencias por territorios. "Un ejemplo es el País Vasco, que no sabemos si se implantará en junio, mientras en Gijón y Oviedo sigue todo pendiente", apunta Casado. En algunos puntos de Andalucía la fecha de referencia es el 31 de marzo, mientras la entrada en vigor de los nuevos tribunales de instancia va de "poquito a poquito" en Galicia o la Comunidad Valenciana.

Sobre esta situación, la portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marien Ortega, señala que la última fase de los tribunales de instancia se ha cumplido solo nominalmente, porque en muchas capitales, como es Sevilla, a día de hoy se sigue "funcionando como siempre". En los lugares en los que ya se ha producido el cambio los problemas se repiten, como es el de reasignación del trabajo, que obliga a los funcionarios a ponerse a revisar los procedimientos que les han sido ahora encomendados.

La preocupación alcanza al Consejo General del Poder Judicial, tal y como señaló ante el Rey la presidenta de este órgano, Isabel Perelló, durante la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró este mismo martes en Barcelona. Alertó de un “grave déficit de jueces” y de que la creación de las 500 nuevas plazas judiciales “no aborda ni resuelve el problema de fondo”, vinculando este problema al del nuevo organigrama judicial. A juicio de vocales consultados por este periódico, el Ministerio tiene una visión muy optimista de la realidad.

De hecho, el órgano de gobierno de los jueces ya decidió el pasado mes de diciembre transmitir al ministro Félix Bolaños su preocupación ante la dispersión de las sedes, que dificultaría la relación entre los jueces y los funcionarios responsables de cada asunto, o la falta de digitalización, con riesgo de pérdida de las causas donde no existe expediente judicial, así como la dudas sobre ubicación, funciones y responsabilidades de los funcionarios. Los problemas siguen persistiendo un mes después de la puesta en marcha del sistema, tal y como tuvieron oportunidad de trasladar algunos vocales al Ministerio en el seno de la comisión mixta celebrada el pasado día 27.

Desde algunos sectores judiciales se reprocha al Consejo del Poder Judicial su retraso en reformar hasta cinco reglamentos internos, según denuncian desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), si bien el Consejo defiende que siguen trabajando en la reforma de los reglamentos y que muchos de ellos tiene carácter meramente nominativo, por lo que apenas tienen incidencia en la actividad real de la nueva oficina judicial.

Algunos de estos reglamentos se encuentran en fase de alegaciones hasta el próximo 16 de febrero. "Un ejemplo, ya no hay normas de reparto y también cambia el sistema de sustituciones ¿Cómo hacemos? Hay presidentes de secciones y antes no los había, ¿Cómo se eligen, el más antiguo, lo hace presidente del tribunal?", se pregunta el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, sobre la falta de normas para la nueva organización judicial.

Así las cosas, y transcurrido un mes desde la entrada en vigor del nuevo sistema, en lo que parecen coincidir todos los actores es en la existencia de cierto caos al ordenar el trabajo del día a día, del que se va saliendo "según cada uno entiende", señala el portavoz de los LAJ. Los funcionarios también se quejan: "A 31 de diciembre nadie sabía qué tenía que hacer, ni a quien reportar, y hay normas poco claras o directamente absurdas", según el portavoz del sindicato CSIF Javier Jordán.

Nivel de actividad

En todo caso, y a falta de estadísticas oficiales, desde el Ministerio de Justicia se valora muy positivamente que la actividad se mantenga en cifras similares a las de enero de 2025, teniendo en cuenta la envergadura de la transformación. "Si comparamos las cifras de enero de 2025 y enero de 2026, indicadores como el número de acontecimientos (avances que se producen en el expediente judicial electrónico como notificaciones o citaciones), de señalamientos o de escritos presentados a los tribunales se mantienen estables con variaciones poco significativas", señalan las fuentes consultadas, que añaden que por el momento no se han trasladado incidencias relevantes.

La percepción entre jueces, letrados y funcionarios es que no puede hablarse de colapso porque "no se han aplazado muchas vistas y los señalamientos se van produciendo", según señala a este diario Roberto García Ceniceros, portavoz del Foro Judicial Independiente, lo que atribuye una especial responsabilidad y esfuerzo por parte de todos los operadores públicos. El problema, según advierte, se encuentra en la parte menos visible del trabajo del día a día judicial, como es la fase de tramitación y ejecución de las resoluciones, algo que se dejará notar más adelante.

Otro problema es la falta de formación, pues muchos funcionarios proceden de bolsas de empleo temporal, una situación que en Cataluña alcanza un porcentaje del 58 por ciento, según apuntan fuentes del Consejo. También se ha puesto en conocimiento del Ministerio el estado de algunos edificios del Ministerio de justicia que están "en una situación muy mejorable", apuntan las mismas fuentes.

Desde el Ministerio contraponen que el análisis de los datos de los más de 300 tribunales de instancia que entraron en funcionamiento en julio de 2025 (fase anterior a la aplicación general de la ley), que permite concluir que la Ley cumple con el principal de sus objetivos, que es agilizar los procedimientos. Se detecta una caída importante de la pendencia de actos de comunicación del 36% de media en siete comunidades analizadas, mientras ejecución de sentencias también se ha agilizado un 30% de media, según datos facilitados al equipo de Bolaños desde los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

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