El Gobierno tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado y pide un informe al Supremo

El ministerio de Justicia tramita la petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y pide un informe al Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, según publica este miércoles el diario El País y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz fuera condenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general del Estado por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

González Amador también fue condenado al pago de 17.200 euros en concepto de multa e indemnización.

Según el diario El País, y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno, el ministerio de Justicia ya ha iniciado el trámite legal e instado al Supremo a que emita su informe.

Manifiesto contra la sentencia

Este martes, más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, además de abogados, fiscales o catedráticos firmaron un manifiesto en el que arremeten contra la sentencia "inquietante" que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Con el título 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', magistrados, abogados, fiscales y catedráticos critican la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Por contra, este lunes, Alberto González Amador, solicitó la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de este empresario pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.