El juez del caso Leire busca ahondar en la actividad de la "fontanera" y pide a la Audiencia Nacional lo incautado tras las detenciones de la SEPI

Las tramas presuntamente corruptas en torno a la considerada "fontanera" del PSOE Leire Díez parecen cruzarse, o al menos eso cree el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, que la investiga por el complot en el que habría participado contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y varios fiscales anticorrupción. Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha solicitado a la Audiencia Nacional que le remita el atestado elaborado por el instituto armado que dio lugar la semana pasada a la detención de Díez y de otras dos personas implicadas en presuntos amaños en torno a la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene fecha del pasado miércoles y responde a un requerimiento realizado por la acusación popular que ejerce Hazte Oír en este asunto. Zamarriego señala que, "en el caso de estar declarada secretas dichas actuaciones", como realmente sucede, la remisión de dicha información debe realizarse "una vez alzado el secreto".

La operación en torno a adjudicaciones irregulares de la SEPI la inició el juez Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que fue quien ordenó las detenciones y registros (hasta en 19 ubicaciones diferentes) en relación al exvicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero; un supuesto socio y hombre de confianza del ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán, Antxon Alonso, y a Leire Díez.

En manos de Pedraz

Sin embargo, estas diligencias le correspondieron al estar de guardia cuando la Guardia Civil solicitó los arrestos, y ahora el caso ha correspondido por reparto a su compañero del Central 5, Santiago Pedraz. Por ello tendrá que ser éste el que atienda finalmente al requerimiento del instructor de los juzgados ordinarios.

En su escrito ante el juez Zamarriego, la acusación popular incidía en que los registros de la semana pasada habían sido realizados en su mayoría "en relación con presuntas actividades delictivas en las que estuvo implicada Leire Díez", por lo que consideraban de interés que el juez que ya lleva investigando a la exconcejal cántabra desde hace varios meses por supuestos chantajes podría tener interés en tener copia de la documentación que haya podido ser incautada en su domicilio.

En el mismo escrito, esta parte interesaba que fuera el propio Zamarriego el que registrara el domicilio de la exmilitante y el volcado de sus correos electrónicos, mensajes en aplicaciones como WhatsApp, Telegram etc., si bien a esta petición el juez del caso no da una respuesta concreta. Se limita a solicitar el atestado de la UCO en la causa abierta la semana pasada en la Audiencia Nacional.

Zapatero, pendiente

Zamarriego aún tiene pendiente responder a otra batería de pruebas solicitadas por la acusación popular que incluyen la citación, entre otros, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de testigo en el marco de la causa que dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez. También pide las testificales del exministro José Luis Ábalos, de su exasesor Koldo García, de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, del ex director de Comunicación del partido Ion Antolín, del ex 'número dos' de Santos Cerdán Juanfran Serrano y de la periodista Concha Minguela, que habría colaborado con Díez en la elaboración de un digital.

A juicio de esta parte, "al menos indiciariamente, la actuación de los investigados tiene el objetivo de que el PSOE se beneficie de determinada información para usar a su antojo, evitar la imputación en procedimientos judiciales de determinadas personas con él relacionadas, y obtener así una ventaja electoral con respecto al resto de los partidos políticos principales en España".

Personación de Ábalos

Por otra parte, la Fiscalía se opone a que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se personen como acusación en este procedimiento, han señalado a este periódico fuentes del Ministerio Público. Ambos pretendían ejercer acciones contra Leire Díez, que está siendo investigada junto al empresario Javier Pérez Dolset por tráfico de influencias y cohecho, al considerarse perjudicados por sus actuaciones.

La Fiscalía considera, sin embargo, que ninguno de ellos puede considerarse como ofendidos directos de los delitos que se tratan de perseguir en este procedimiento. Ambos alegaban que sí fueron perjudicados porque la exmilitante habría mantenido varias reuniones en las que habría manifestado tener bajo su control la defensa de ambos "con el objeto de beneficiar al PSOE". La Fiscalía considera, sin embargo, que las referencias al exministro y el que fuera su asesor únicamente han aparecido en noticias periodísticas.

Por otra Fiscalía ha remitido al juzgado de Instrucción número 9 otro escrito en el que apoya el recurso que presentó Leire Díez contra la decisión del juez de investigar también en este procedimiento al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, implicado en una supuesta maniobra contra la juez instructora de la causa abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La fiscal no cree que la investigación conjunta de ambos casos pueda resultar útil, sino más bien una "dilación" al crecer el procedimiento, y considera que no hay similitud en los hechos que se investigan, al tiempo que pide evitar el "automatismo en la acumulación de causas", informa Efe.

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